La dependencia de combustibles fósiles para climatizar las viviendas sigue siendo uno de los grandes retos energéticos en España. Actualmente, cerca del 70 % de los hogares recurre a sistemas poco eficientes y altamente expuestos a la volatilidad de los precios internacionales, una vulnerabilidad que se ha vuelto a evidenciar tras recientes tensiones geopolíticas.
Según recoge el análisis económico elaborado por la Plataforma por la Descarbonización del Calor y el Frío, impulsada por ECODES, esta situación se agrava por el envejecimiento del parque residencial, donde predominan viviendas con baja eficiencia energética y escasa capacidad para hacer frente a fenómenos extremos como olas de calor o frío.
El estudio plantea que la modernización energética de las viviendas no es solo una cuestión climática, sino también económica y social. La propuesta pasa por sustituir progresivamente los sistemas actuales por soluciones renovables —como bombas de calor, solar térmica, biomasa sostenible o redes de calor— adaptadas a las características de cada hogar.
Este enfoque permite reducir el consumo energético, mejorar el confort térmico y, al mismo tiempo, disminuir la exposición de los hogares a crisis energéticas externas. La clave está en combinar eficiencia, electrificación y energías renovables en función de factores como la ubicación, el tipo de vivienda o el nivel de consumo.
Uno de los principales hallazgos del informe es que adelantar la transición energética resulta más rentable que mantener el modelo actual. El escenario de descarbonización total permitiría ahorrar unos 60.000 millones de euros hasta 2050 frente a una evolución más conservadora del sistema energético.
Este cambio implica una mayor inversión inicial —especialmente en rehabilitación de edificios y sustitución de equipos—, pero reduce de forma significativa los costes operativos a lo largo del tiempo. En otras palabras, supone pasar de un modelo de bajo gasto inicial pero altos costes energéticos a otro con mayor inversión pero facturas más bajas y estables.
Además, la transformación energética del parque residencial contribuiría a disminuir el consumo de energía y las emisiones de CO₂, reforzando la seguridad energética del país al reducir la dependencia de combustibles importados.
El informe también pone el foco en la dimensión social de la transición. La rehabilitación de viviendas y la sustitución de sistemas de climatización permitirían mejorar las condiciones de vida de millones de personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, se propone un modelo de financiación mixto —público y privado— que garantice que todos los hogares puedan acceder a estas mejoras, independientemente de su nivel de renta. La inversión pública actuaría como catalizador, facilitando el acceso a soluciones energéticas más eficientes y reduciendo desigualdades.
Más allá del ahorro económico, la transición hacia sistemas de climatización renovables generaría empleo local, impulsaría la reindustrialización y mejoraría la calidad del aire en las ciudades. Tal y como concluye el informe, retrasar esta transformación no abarata costes, sino que los traslada al futuro, aumentando la carga económica y social. Por ello, apostar por una estrategia ambiciosa y coordinada aparece como una oportunidad clave para avanzar hacia un modelo energético más justo, resiliente y sostenible en España.
