El acceso a la vivienda se consolida como uno de los grandes factores de desigualdad en España. Así lo señala el informe “La vivienda, cimiento de desigualdades”, publicado por Oxfam Intermón, que pone cifras a una realidad cada vez más extendida: vivir de alquiler dificulta de forma estructural la capacidad de ahorro y limita las oportunidades de futuro.
Según el estudio, el 61% de las personas que viven de alquiler no consigue ahorrar tras pagar la renta mensual, frente a una situación muy distinta entre quienes ya han pagado su vivienda, donde seis de cada diez sí logran reservar dinero cada mes. Esta diferencia refleja cómo el régimen de acceso a la vivienda se ha convertido en un factor determinante de desigualdad, incluso por encima del nivel de ingresos.
La presión económica es especialmente intensa en el mercado del alquiler. Actualmente, el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda y una de cada tres supera el 50%. Entre quienes tienen hipoteca, aunque la carga sigue siendo elevada, la situación es menos extrema: una de cada cinco personas dedica más de la mitad de sus ingresos.
El informe describe este fenómeno como la “trampa del alquiler”: un círculo en el que los altos precios impiden generar ahorro suficiente para acceder a una vivienda en propiedad, perpetuando la dependencia del mercado arrendatario.
Esta desigualdad se hace aún más evidente al comparar ingresos similares. Tal y como recoge Oxfam Intermón, una persona propietaria con ingresos cercanos al salario mínimo tiene más probabilidades de ahorrar que una persona inquilina con un salario de hasta 2.000 euros mensuales. Es decir, el alquiler penaliza directamente la capacidad de ahorro y agrava las diferencias sociales.
A esta situación se suma una creciente inestabilidad residencial. Una de cada tres personas que vive de alquiler se ha visto obligada a mudarse en el último año por motivos económicos, ya sea por subidas de precios o por la finalización de contratos. Este fenómeno, conocido como “desahucios invisibles”, afecta especialmente a jóvenes y población migrante, y conlleva además la ruptura de redes sociales y comunitarias.
El encarecimiento de la vivienda también se traduce en renuncias en la vida cotidiana. El 13% de la población inquilina comparte vivienda con personas sin vínculo familiar, una cifra que aumenta entre jóvenes y personas migrantes. Además, cerca de una de cada cinco personas no ha podido afrontar gastos básicos como los suministros energéticos en el último año.
El informe advierte también de un futuro marcado por la incertidumbre. Más de la mitad de las personas que no tienen vivienda en propiedad considera improbable poder acceder a ella, mientras que la herencia gana peso como vía de acceso, lo que podría consolidar una brecha social aún mayor.
Ante este escenario, Oxfam Intermón reclama una respuesta pública coordinada que garantice el acceso a una vivienda digna y asequible. Entre las medidas propuestas destacan la regulación de los precios del alquiler, el refuerzo de la protección a las personas inquilinas, la ampliación del parque de vivienda pública y la limitación de prácticas especulativas.
El informe concluye que la vivienda no es solo un bien económico, sino un pilar fundamental para el bienestar y la cohesión social. Cuando su acceso es inestable o inaccesible, el impacto se extiende a otros derechos básicos, consolidando un modelo de desigualdad cada vez más difícil de revertir.
