El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto destinado a reforzar la conservación de las praderas de fanerógamas marinas en el Mediterráneo español, uno de los ecosistemas más valiosos del medio marino. La medida, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), establece un marco jurídico común para proteger las praderas de Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa, con el objetivo de prevenir daños, reducir presiones humanas y promover su restauración.
Según informa el MITECO, estas praderas submarinas desempeñan un papel fundamental en el equilibrio ecológico del Mediterráneo. Además de albergar una gran biodiversidad, actúan como sumideros de carbono, mejoran la calidad del agua y sirven de refugio y zona de reproducción para numerosas especies marinas. Sin embargo, su recuperación tras sufrir daños puede tardar décadas, lo que refuerza la necesidad de medidas de protección específicas.
La nueva normativa establece un régimen general de protección para estos hábitats marinos con el fin de evitar alteraciones significativas en su estado de conservación. Entre otras medidas, se limitan determinadas infraestructuras y actividades en las zonas donde se localizan estas praderas.
En concreto, se restringe la instalación de nuevas infraestructuras como gasoductos, oleoductos, cables submarinos, conducciones para vertidos o captaciones de agua de mar, así como infraestructuras portuarias, obras de defensa costera o proyectos de regeneración de playas que puedan afectar a estos ecosistemas. También se contemplan limitaciones a la implantación de instalaciones de acuicultura o puntos de vertido cercanos a estas áreas.
Asimismo, la norma introduce restricciones a actividades potencialmente contaminantes, como vertidos líquidos o sólidos que puedan alterar el estado de estos hábitats marinos.
Uno de los aspectos más relevantes del real decreto es la regulación del fondeo de embarcaciones, identificado como una de las principales causas de degradación de estas praderas submarinas.
La norma prohíbe el fondeo directamente sobre estas formaciones vegetales y promueve la instalación de sistemas de amarre de bajo impacto. Estos sistemas están diseñados para reducir los daños sobre el fondo marino y permitir compatibilizar los usos recreativos del litoral con la conservación de estos ecosistemas.
El texto también aborda la gestión de los restos vegetales que se acumulan en las playas, conocidos como arribazones. La norma reconoce su función ecológica y plantea criterios de gestión que tengan en cuenta su papel en la protección y equilibrio de los ecosistemas costeros.
El real decreto incluye medidas para mejorar el conocimiento científico sobre el estado de conservación de estas praderas. Para ello, prevé la elaboración y actualización de la cartografía que delimita su distribución, una herramienta clave para planificar los usos del medio marino.
Además, se impulsarán programas de seguimiento, investigación y restauración que permitan evaluar la evolución de estos hábitats y favorecer la recuperación de aquellas zonas que hayan sufrido procesos de degradación.
La norma establece un régimen básico de protección aplicable a todas las aguas marinas del litoral mediterráneo español. Este marco homogéneo busca garantizar una conservación más coherente de estos ecosistemas, al tiempo que permite que las comunidades autónomas desarrollen medidas adicionales en los espacios marinos protegidos bajo su competencia.
Según el Gobierno, la aprobación de este real decreto contribuye a reforzar la protección de la biodiversidad marina y se alinea con los compromisos europeos en materia de conservación de la naturaleza, restauración de ecosistemas y resiliencia frente al cambio climático.
