La transición energética global depende cada vez más de minerales estratégicos como el litio, el cobalto o el níquel. Estos materiales son esenciales para fabricar baterías, vehículos eléctricos o dispositivos tecnológicos, lo que ha disparado su demanda en todo el mundo.
Según datos presentados ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el comercio global de estos minerales superó en 2023 los 2,5 billones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 10% del comercio mundial. Las previsiones apuntan a que esta cifra podría triplicarse en 2030 y cuadruplicarse para 2040, impulsada por la expansión de las tecnologías verdes.
Sin embargo, detrás de esta carrera por los recursos existe una realidad mucho más compleja. Tal como advirtió Rosemary DiCarlo, subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, la extracción de minerales críticos puede convertirse en un factor de desarrollo, pero también en una fuente de conflictos y vulneraciones de derechos humanos si no se gestiona adecuadamente.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad, DiCarlo alertó de que el control de zonas ricas en minerales está alimentando conflictos armados y debilitando la gobernanza en distintas regiones del mundo.
Uno de los casos más graves es el de la República Democrática del Congo, donde se extrae alrededor del 70% del cobalto mundial, fundamental para las baterías de teléfonos móviles y vehículos eléctricos. Según informes de la ONU, grupos armados como el M23 obtienen más de un millón de dólares al mes a través de la minería ilegal.
Este fenómeno, explicó DiCarlo, no solo financia la violencia, sino que perpetúa ciclos de inestabilidad política y social. El Consejo de Seguridad ya ha impuesto sanciones a actores implicados en el comercio ilícito de minerales en países como la República Democrática del Congo, Libia o Somalia.
La situación no se limita al continente africano. En Myanmar, la explotación ilegal de tierras raras —clave para tecnologías avanzadas— alimenta el conflicto interno. En Ucrania, la guerra ha paralizado reservas estratégicas de titanio y litio que podrían ser fundamentales para la reconstrucción del país. Y en América Latina, especialmente en el llamado “triángulo del litio” que forman Argentina, Bolivia y Chile, comunidades indígenas denuncian impactos ambientales y desplazamientos vinculados a proyectos mineros.
Ante estos riesgos, Naciones Unidas plantea la necesidad de un pacto global sobre minerales críticos que garantice que la transición energética no reproduzca viejos patrones de explotación.
Entre las prioridades señaladas por la organización destacan tres líneas de acción principales.
La primera es garantizar justicia social en la extracción de recursos. Esto implica fortalecer las instituciones locales para que las comunidades —especialmente las rurales e indígenas— participen en las decisiones sobre proyectos mineros y reciban beneficios reales de la explotación de sus territorios.
La segunda prioridad es mejorar la trazabilidad y la transparencia en las cadenas de suministro. La ONU propone desarrollar sistemas internacionales que permitan rastrear el origen de los minerales y evitar que recursos extraídos ilegalmente financien conflictos armados. Como referencia, DiCarlo mencionó el Proceso de Kimberley, que certifica diamantes libres de conflicto, y planteó la posibilidad de ampliar mecanismos similares a otros minerales estratégicos.
La tercera línea de acción es reforzar la diplomacia preventiva. Según Naciones Unidas, la gestión de los recursos naturales debería incorporarse de forma sistemática en los acuerdos de paz y en los procesos de mediación internacional, para evitar que la competencia por los minerales reavive conflictos una vez finalizada la violencia armada.
A pesar de los riesgos, desde Naciones Unidas se insiste en que los minerales críticos también representan una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo económico más sostenible.
“Si se gestionan adecuadamente, estos recursos pueden impulsar el desarrollo sostenible, crear empleo digno e incluso contribuir a la construcción de paz”, señaló DiCarlo durante su intervención ante el Consejo de Seguridad.
Existen ya algunos ejemplos que apuntan en esa dirección. Chile, por ejemplo, ha impulsado acuerdos con comunidades indígenas para la explotación del litio incorporando estándares ambientales y mecanismos de participación local. Ruanda ha logrado reducir el contrabando de minerales mediante sistemas de certificación digital y cooperación regional. Y Noruega ha utilizado los ingresos procedentes de sus recursos naturales para financiar políticas sociales y energías renovables.
El mensaje central de Naciones Unidas es claro: la transición energética no puede reproducir las dinámicas de desigualdad y conflicto que históricamente han acompañado a la explotación de recursos naturales.
“No podemos permitir que la transición energética repita los errores de la era del petróleo”, advirtió DiCarlo ante el Consejo de Seguridad, subrayando que el verdadero desafío no es solo acelerar la descarbonización, sino hacerlo con criterios de justicia social, derechos humanos y sostenibilidad.
Con este objetivo, la ONU trabaja ya en la organización de una cumbre internacional prevista para 2027, que buscará avanzar hacia un marco global vinculante sobre minería responsable.
El debate, en última instancia, va más allá de la tecnología. Como recordó la representante de Naciones Unidas, el futuro de la transición energética dependerá no solo de paneles solares o baterías, sino de cómo y en qué condiciones se obtienen los materiales que las hacen posibles.
