El Día Internacional de la Mujer 2026, bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central: la distancia que existe entre la igualdad reconocida en las leyes y la igualdad que se experimenta en la vida cotidiana.
Los datos reflejan que esta brecha sigue siendo significativa. Según el informe Women, Business and the Law 2024 del Banco Mundial, las mujeres cuentan a nivel global con apenas el 64% de los derechos legales de los hombres. Además, de acuerdo con ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), casi el 60% del empleo femenino se desarrolla en la economía informal, lo que implica ausencia de protección social y de garantías laborales.
A esta situación se suma la persistencia de desigualdades estructurales. Naciones Unidas estima que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, y que ellas dedican tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Ante este panorama, desde la ONG CODESPA subrayan que la igualdad jurídica es un paso imprescindible, pero que no garantiza por sí sola la igualdad efectiva. La organización insiste en que la autonomía económica sigue siendo uno de los factores decisivos para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.
“La justicia para las mujeres no solo se escribe en las leyes; se construye cuando una mujer puede generar ingresos estables por sí misma y participar en las decisiones que afectan a su hogar o comunidad”, explican desde CODESPA.
Del reconocimiento legal a la capacidad real de decidir
Durante más de cuatro décadas, CODESPA ha trabajado en 34 países de América Latina, África y Asia impulsando iniciativas destinadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
Según explica la organización, estos procesos combinan distintas estrategias: formación técnica y empresarial adaptada al contexto local, acceso a financiación o activos productivos, acompañamiento continuado en terreno, trabajo con líderes comunitarios y promoción de la participación femenina en espacios de decisión.
Un elemento central de este enfoque es el impulso de organizaciones y asociaciones de mujeres, que permiten mejorar su capacidad de negociación, compartir riesgos y reforzar su papel dentro de las comunidades. El objetivo no se limita a incrementar los ingresos, sino también a ampliar su capacidad para decidir sobre su economía, su tiempo y su entorno.
Procesos de cambio en distintos territorios
La experiencia en terreno muestra cómo estos procesos pueden transformar la vida de las mujeres y de sus comunidades.
En el Corredor Seco de Guatemala, una región especialmente afectada por la inseguridad alimentaria y el impacto del cambio climático, María Elisa fue elegida por su comunidad para participar en un proyecto productivo. En los primeros encuentros apenas intervenía.
Durante tres años recibió formación técnica y participó en espacios de gestión y organización colectiva. Paralelamente, el equipo del proyecto trabajó con líderes comunitarios para fortalecer la legitimidad de la participación femenina en los espacios de decisión.
Con el tiempo, y gracias a los ingresos generados y a la experiencia organizativa adquirida, María Elisa pasó a formar parte del comité de desarrollo local, consolidando su papel en la toma de decisiones comunitarias.
Un proceso similar se produjo en Pacajes, en el altiplano boliviano, donde Lizeth y Estela Tantacalle aprendieron a tejer desde pequeñas gracias a los conocimientos transmitidos por sus familias. Aunque contaban con ese saber artesanal, carecían de acceso a mercados y de canales de comercialización.
A través de un proceso de formación empresarial y acompañamiento, lograron profesionalizar su producción, diversificar sus diseños y vender sus productos también por vías digitales. Actualmente, su marca genera ingresos estables y ha permitido incorporar a otras mujeres del entorno, contribuyendo a reducir la migración hacia las ciudades.Según explica la organización, el impacto no fue únicamente económico: disponer de ingresos propios fortaleció su capacidad para participar en decisiones familiares y comunitarias.
Los distintos casos comparten un mismo patrón: cuando las mujeres acceden a ingresos estables, aumenta también su capacidad de influir en decisiones clave. La experiencia en terreno indica que participar en asociaciones, acceder a información financiera o negociar directamente con proveedores y clientes fortalece su papel en cuestiones como la educación de sus hijos, las inversiones productivas o su implicación en la vida comunitaria.
Desde CODESPA señalan que el fortalecimiento económico es uno de los factores que más contribuyen a reducir situaciones de dependencia estructural.
Más allá del 8 de marzo
En un contexto en el que ningún país ha cerrado completamente las brechas legales de género, según recuerdan los principales organismos internacionales, el debate público suele centrarse en reformas normativas y políticas de igualdad.
Para CODESPA, sin embargo, es necesario ampliar esa conversación. La organización plantea una pregunta clave: qué políticas e inversiones permiten realmente que las mujeres generen ingresos propios y participen en la toma de decisiones. A su juicio, la igualdad legal debe ir acompañada de estrategias sostenidas de inclusión económica, si se quiere que los derechos reconocidos sobre el papel se traduzcan en cambios reales y duraderos en la vida de las mujeres.
