La Plataforma del Tercer Sector ha instado a todas las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad para salvaguardar a las personas en situación de vulnerabilidad, después de que el Congreso dejara sin efecto el paquete de medidas del denominado escudo social. Entre las iniciativas que han decaído se encuentran la moratoria antidesahucios para familias vulnerables y la garantía de suministros básicos.
La organización, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales en España, advierte de que esta decisión impacta directamente en hogares que ya afrontan situaciones de extrema fragilidad económica. En un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y la presión sobre los costes esenciales, la retirada de estas herramientas puede agravar el riesgo de exclusión residencial y social.
El presidente de la Plataforma, Luciano Poyato, ha defendido que las personas en situación de vulnerabilidad no deben quedar expuestas a estrategias de confrontación política. A su juicio, garantizar estabilidad y seguridad a quienes más lo necesitan debe convertirse en una prioridad de Estado, por encima de cualquier debate partidista.
La moratoria antidesahucios, vigente desde la pandemia, había permitido evitar que miles de hogares con menores, personas mayores o personas con discapacidad quedaran en la calle en contextos de vulnerabilidad económica sobrevenida. Su eliminación, señalan desde la Plataforma, supone un retroceso en la red de protección social y puede traducirse en un aumento del riesgo habitacional en todo el país.
Desde la entidad insisten en que los avances sociales no pueden depender de dinámicas de bloqueo político. La protección de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión, subrayan, debe abordarse desde una perspectiva estructural y sostenida en el tiempo, reforzando el compromiso institucional con los derechos básicos y la cohesión social.
