Redes de crimen organizado, junto con determinadas corporaciones, están detrás del auge del tráfico ilegal de residuos a escala mundial. A través de complejas rutas intercontinentales, los desechos viajan miles de kilómetros para esquivar controles y maximizar beneficios económicos, en un negocio que mueve millones de dólares y que, sin embargo, genera un elevado coste ambiental y social.
Así lo advierte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su informe “Delitos y trata de residuos”, donde analiza la magnitud y las dinámicas de esta actividad ilícita que afecta a todos los continentes.
El tráfico de residuos consiste en el comercio ilegal, transporte y eliminación inadecuada de desechos, muchos de ellos peligrosos o tóxicos, fuera de los marcos legales nacionales e internacionales. En lugar de gestionarse conforme a estándares ambientales —que implican costes y controles— estos residuos se desvían hacia circuitos clandestinos donde el tratamiento es más barato o inexistente.
Según la UNODC, se identifican cinco grandes categorías dentro de este comercio ilegal:
En la práctica, esto puede traducirse en el envío de basura electrónica con sustancias tóxicas, plásticos no reciclables o vehículos contaminantes a países con menor capacidad de control ambiental.
Candice Welsch, directora de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos de la UNODC, subraya que se trata de un fenómeno “increíblemente difícil de detectar, investigar y procesar”. Y advierte: “No se trata de un desafío abstracto, sino de uno con graves consecuencias para la salud pública, ya que impulsa la contaminación tóxica del agua potable, el océano, el suelo y más”.
El tráfico de residuos no solo distorsiona los mercados legales de gestión de basura, sino que tiene efectos directos sobre los ecosistemas y la salud humana. Cuando los desechos se eliminan de forma irregular, pueden terminar:
Estas prácticas liberan contaminantes al aire, al agua y al suelo, afectando a comunidades locales y degradando entornos naturales. El resultado es un aumento de la contaminación tóxica y de los riesgos para la salud, especialmente en zonas con infraestructuras ambientales más débiles.
El informe de la ONU señala que las consecuencias recaen de forma desproporcionada sobre los países con menos recursos. Con frecuencia, los residuos plásticos y electrónicos procedentes de economías más ricas se exportan hacia regiones con menor capacidad técnica y regulatoria para tratarlos de forma segura.
Las redes criminales aprovechan las lagunas legales y las diferencias normativas entre países. La ausencia de sanciones armonizadas a nivel global permite redirigir los flujos hacia territorios donde las multas son menores o los controles más laxos. En muchos casos, traficar residuos resulta más barato que cumplir la legislación ambiental.
Según explica la UNODC, todas las regiones del mundo participan, de una u otra forma, en la exportación, importación o tránsito ilegal de desechos.
La magnitud del desafío se agrava en un contexto de crecimiento sostenido de la generación de residuos. El Banco Mundial estima que en 2050 cerca del 70 % de la población mundial vivirá en ciudades y que la producción global de residuos sólidos alcanzará los 3.400 millones de toneladas, creciendo a un ritmo superior al de la población.
En los países de bajos ingresos, el volumen de residuos podría triplicarse, con más de la mitad de los desechos depositados al aire libre. Actualmente, un tercio de los residuos no se gestiona de manera ambientalmente segura, y los datos sobre manejo ilegal siguen siendo limitados, lo que dificulta dimensionar el alcance real del problema.
Frente a este escenario, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sostiene que es imprescindible reforzar la cooperación internacional. Según recoge el informe, “mejorar la comunicación y los datos sobre rutas sospechosas, junto con sanciones armonizadas, es esencial para predecir, prevenir y detener estos flujos ilegales de residuos”.
En un contexto de transición ecológica y economía circular, el tráfico de basura representa la cara opuesta: una economía paralela que alimenta la contaminación y profundiza las desigualdades globales. Combatirlo no solo es una cuestión de legalidad, sino también de justicia ambiental y de protección de la salud pública.
