La pobreza energética sigue siendo una realidad enquistada en España. De acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, el 17% de los españoles no puede permitirse calentar su hogar durante los meses más fríos. La cifra contrasta con el promedio de la Unión Europea, situado en el 9%, y evidencia una brecha preocupante en un contexto de crisis climática y encarecimiento de la energía.
Para Fundación Renovables, estas cifras ponen de manifiesto que las políticas desplegadas hasta ahora no están dando los resultados esperados. La actual Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) se ha apoyado fundamentalmente en medidas asistenciales, basadas en subvenciones y ayudas directas a hogares vulnerables, sin abordar las causas estructurales del problema.
El modelo vigente presenta, además, importantes barreras de acceso. Según datos de ESADE y Oxfam Intermón, ocho de cada diez personas potencialmente beneficiarias del bono social térmico no consiguen acceder a esta ayuda debido a la elevada carga burocrática. Esta situación deja fuera a una parte significativa de la población que más necesita apoyo para hacer frente a sus facturas energéticas.
Ante este escenario, Fundación Renovables plantea un cambio de rumbo. La organización propone la creación de una tarifa social que garantice un mínimo vital energético, con los primeros 1.500 kWh anuales gratuitos, exentos de IVA, cargos y peajes, para los hogares vulnerables. Esta medida incluiría una potencia contratada mínima de 2,3 kW y no estaría condicionada a situaciones previas de impago, con el objetivo de asegurar el acceso universal a la energía como derecho básico.
Más allá de las tarifas, la entidad insiste en que la solución pasa por transformar el parque de viviendas. Solo el 14% de la población española reside en inmuebles que han sido rehabilitados en los últimos cinco años, según Eurostat, lo que sitúa a España como el cuarto país por la cola en la Unión Europea en este ámbito. Si se analiza la situación de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, el porcentaje de quienes viven en viviendas reformadas en términos de eficiencia energética no alcanza ni el 10%.
Para Fundación Renovables, estos datos confirman la urgencia de acelerar la rehabilitación energética de edificios, priorizando aquellos donde residen hogares en situación de vulnerabilidad. Mejorar el aislamiento, impulsar la eficiencia y promover la electrificación mediante soluciones como las bombas de calor permitiría reducir el consumo, abaratar la factura y disminuir las emisiones.
La organización también defiende el impulso del autoconsumo colectivo y la creación de comunidades energéticas inclusivas. Estas fórmulas, además de fomentar la generación de energía renovable, contribuyen a rebajar los costes para las familias y a democratizar el sistema energético.
En un contexto de veranos cada vez más largos y extremos debido al cambio climático, la pobreza energética no se limita al invierno. La imposibilidad de refrigerar adecuadamente los hogares durante las olas de calor supone también un riesgo para la salud y el bienestar, especialmente entre personas mayores y colectivos vulnerables. En este sentido, los planes de rehabilitación se presentan como una herramienta eficaz para mejorar el aislamiento térmico tanto frente al frío como al calor y modernizar un parque inmobiliario envejecido.
Desde Fundación Renovables reclaman que la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 abandone el enfoque asistencialista y centre sus esfuerzos en medidas estructurales basadas en la eficiencia, la rehabilitación y la electrificación. La organización subraya que el crecimiento económico no puede considerarse un éxito si no va acompañado de una reducción real de la vulnerabilidad energética. España, advierten, no puede aspirar a liderar el crecimiento del PIB en la UE mientras mantiene una de las tasas más elevadas de pobreza energética del continente.
