La pobreza infantil continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes en España. Los nuevos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), publicados este martes, revelan que cerca de 2,7 millones de niños y niñas viven en riesgo de pobreza o exclusión social. En concreto, la tasa AROPE para la población menor de 18 años se sitúa en el 33,8%, apenas 0,8 puntos menos que en 2025.
Desde UNICEF España advierten de que esta leve mejora resulta claramente insuficiente. “Las cifras siguen siendo alarmantes, especialmente en un contexto de avances económicos generales del país”, ha señalado Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de la organización. A su juicio, las medidas actuales no están logrando el impacto necesario y urge situar la lucha contra la pobreza infantil como una prioridad de país.
La ECV también constata que la pobreza por ingresos entre la población infantil apenas ha descendido: del 29,2% en 2024 al 28,4% en 2025. Esta evolución refuerza la brecha con respecto a la población adulta. Mientras que en los hogares formados por dos adultos sin hijos la tasa de pobreza es del 13,8%, en aquellos con dos adultos y al menos un menor asciende al 22,5%, y se dispara hasta el 43,4% en los hogares monoparentales.
UNICEF recuerda que las familias con hijos e hijas afrontan mayores niveles de vulnerabilidad y necesitan apoyos inmediatos, ya que las políticas actuales no compensan el coste añadido de la crianza. Los datos lo evidencian: un 15,5% de niños y niñas no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y un 5,6% no tiene garantizada una comida con proteínas animales al menos cada dos días. Estas cifras sitúan a España entre los países con peores resultados en pobreza monetaria infantil, solo por detrás de Estados Unidos y Uruguay.
La pobreza infantil, subrayan desde la organización, va mucho más allá de la falta de ingresos. Como recordó recientemente una adolescente de 17 años en el Congreso de los Diputados, “la pobreza se hereda y condiciona las oportunidades, la alimentación, el ocio y el acceso a derechos básicos desde la infancia”.
Ante este escenario, UNICEF España plantea medidas estructurales. Entre ellas, una prestación universal y progresiva de 100 euros mensuales por hijo o hija, vinculada a la declaración de la renta. Según un estudio elaborado junto al Centro de Políticas Económicas de Esade, esta medida podría reducir la pobreza infantil en un 11,2%, sacando de esta situación a unos 270.000 menores de forma inmediata.
La organización también insiste en la necesidad de reforzar las políticas de vivienda, otro de los factores clave de la exclusión social. En este sentido, hace un llamamiento al Estado y a las comunidades autónomas para ampliar el parque de vivienda pública asequible, especialmente en régimen de alquiler, y garantizar la estabilidad residencial de las familias con niños y niñas.
“Sabemos que esta situación se puede revertir”, concluyen desde UNICEF España. “Pero para lograrlo es imprescindible una respuesta política decidida que coloque los derechos de la infancia en el centro”.
