Migrar ha sido, históricamente, una estrategia de supervivencia y de mejora de las condiciones de vida. Hoy, millones de personas se ven obligadas a dejar sus hogares por razones que van desde la pobreza estructural y la violencia hasta los impactos del cambio climático. Sin embargo, el relato dominante en muchos países sigue asociando la migración con riesgo, ilegalidad o problema de seguridad, invisibilizando su dimensión humana y social.
Desde el enfoque de derechos humanos, esta mirada resulta profundamente limitada. Tal como recuerda Naciones Unidas, todas las personas tienen derechos por el solo hecho de serlo, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa.
El derecho internacional reconoce que toda persona puede salir de cualquier país, incluido el propio, y regresar a él. Así lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, uno de los pilares del sistema internacional de protección de derechos fundamentales. Aunque no existe un “derecho a migrar” formulado de manera literal, sí hay un conjunto de derechos que protegen a las personas en movilidad: el derecho a la vida, a la integridad, a la unidad familiar, al asilo, al debido proceso y a no sufrir discriminación.
Desde esta perspectiva, migrar no puede ser tratado como un delito. La criminalización de las personas migrantes no solo vulnera derechos básicos, sino que además agrava situaciones de exclusión, precariedad laboral y estigmatización social.
La migración no ocurre en el vacío. Está estrechamente vinculada a desigualdades históricas entre regiones, a modelos económicos extractivos y a crisis globales que afectan de forma desproporcionada a los países y comunidades más vulnerables. En los últimos años, el impacto del cambio climático se ha convertido en un factor clave, empujando a millones de personas a abandonar territorios cada vez menos habitables.
Frente a este escenario, organizaciones sociales y expertos reclaman políticas públicas que aborden las causas estructurales de la migración y que garanticen rutas seguras, procesos de regularización y condiciones de acogida dignas.
Hablar de migración desde los derechos humanos implica cambiar el foco: dejar de ver números y empezar a ver personas. Implica también reconocer el aporte social, económico y cultural de las comunidades migrantes, así como su papel clave en sectores esenciales como los cuidados, la agricultura o los servicios.
En un contexto global de creciente polarización, defender que migrar es un derecho humano no es solo una cuestión jurídica, sino una apuesta ética y política por sociedades más justas, inclusivas y solidarias.
