El flujo de capitales que perjudica a la naturaleza supera ya los siete billones de dólares al año, una cifra que contrasta con los 220.000 millones de dólares destinados a protegerla. Así lo recoge el informe Estado de la financiación para la naturaleza 2026, que pone cifras a una paradoja conocida: por cada dólar invertido en soluciones ambientales, se gastan 30 en actividades que destruyen los ecosistemas.
Según el documento, la mayor parte de esta financiación negativa procede del sector privado, especialmente de ámbitos como la energía, la industria y los materiales básicos. En el lado opuesto, casi el 90 % de la inversión positiva para la naturaleza tiene origen público, lo que evidencia la escasa implicación del capital privado en la protección ambiental.
Ante este escenario, Naciones Unidas ha reclamado una reforma profunda del sistema financiero global para reorientar los mercados hacia actividades compatibles con la protección del planeta. “Seguir el rastro del dinero permite entender la magnitud del desafío”, advirtió Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), al presentar el informe.
“O invertimos en la destrucción de la naturaleza o impulsamos su recuperación. No hay término medio”, subrayó Andersen, al comparar el lento avance de las soluciones basadas en la naturaleza con la velocidad a la que crecen las inversiones y subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.
El análisis identifica a varios sectores como principales responsables del impacto ambiental negativo, entre ellos los servicios públicos, la industria pesada y, de forma destacada, las empresas energéticas. A esto se suman subvenciones dañinas que siguen beneficiando a actividades como los combustibles fósiles, la agricultura intensiva, el transporte, la gestión del agua o la construcción.
Para los autores del informe, eliminar progresivamente estos incentivos y redirigirlos hacia actividades “positivas para la naturaleza” es una de las claves para cerrar la brecha financiera que hoy penaliza a los ecosistemas.Más allá del diagnóstico, el informe plantea la necesidad de un “gran cambio a favor de la naturaleza” y recoge ejemplos de soluciones viables desde el punto de vista económico y ambiental. Entre ellas destacan:
El mensaje del informe es claro: sin un cambio estructural en cómo se asigna el dinero, los objetivos climáticos y de biodiversidad seguirán fuera de alcance. Reorientar la financiación no es solo una cuestión ambiental, sino una apuesta estratégica por la resiliencia económica y social a largo plazo.
