La Unión Europea ha dado un paso relevante en su estrategia de economía circular aplicada al sector del automóvil. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo político provisional para establecer nuevas normas que abarcan todo el ciclo de vida de los vehículos, desde su diseño hasta su tratamiento cuando dejan de circular, con el objetivo de reducir residuos, mejorar el aprovechamiento de materiales y reforzar la responsabilidad ambiental de los fabricantes.
Según informa el Parlamento Europeo, el acuerdo introduce requisitos de ecodiseño para que todos los nuevos vehículos faciliten la extracción de piezas, componentes y materiales por parte de los centros autorizados, favoreciendo su reutilización y reciclaje. Esta medida busca mejorar la eficiencia en la gestión de los denominados vehículos al final de su vida útil (ELV, por sus siglas en inglés), un reto creciente si se tiene en cuenta que en la UE circulan más de 285 millones de vehículos y que cada año unos 6,5 millones llegan a esta fase.
Uno de los ejes centrales del acuerdo es la fijación de metas vinculantes para el uso de plásticos reciclados en los nuevos modelos. En concreto, cada nuevo tipo de vehículo deberá incorporar al menos un 15% de plástico reciclado seis años después de la entrada en vigor del reglamento, porcentaje que aumentará hasta el 25% en un plazo de diez años. Además, una parte de ese objetivo deberá alcanzarse mediante plásticos procedentes de vehículos fuera de uso o de piezas recuperadas durante la fase de utilización, fomentando así los circuitos cerrados de reciclaje.
El texto también prevé que la Comisión Europea establezca, en una fase posterior, objetivos específicos para el uso de acero y aluminio reciclados, una vez concluidos los estudios de viabilidad. Asimismo, se evaluará la posibilidad de introducir metas para materiales críticos reciclados, clave para reducir la dependencia de materias primas vírgenes.
El acuerdo incluye nuevas exigencias para la transferencia de propiedad de vehículos usados dentro de la UE, con el objetivo de evitar cargas innecesarias para la ciudadanía. Cuando un operador económico venda un vehículo, deberá acreditar que no se trata de un vehículo fuera de uso o presentar un certificado válido de aptitud para la circulación. En el caso de particulares, esta documentación solo será obligatoria en situaciones concretas, como la declaración de siniestro total o las ventas realizadas exclusivamente por internet.
En paralelo, se refuerza la responsabilidad ampliada del productor. Tres años después de la entrada en vigor de la normativa, los fabricantes deberán asumir los costes de recogida y tratamiento de los vehículos que alcanzan el final de su vida útil. Además, se establecen requisitos específicos para la retirada obligatoria de determinados componentes, líquidos y sustancias peligrosas antes de los procesos de triturado o compactación.
Las autoridades nacionales, por su parte, estarán obligadas a definir estrategias de inspección para detectar actividades ilegales vinculadas a la recogida, el tratamiento o la exportación de estos vehículos.
Para frenar el tratamiento ilegal y la exportación irregular de vehículos fuera de uso, el acuerdo contempla la prohibición de exportar vehículos no aptos para circular, una medida que se aplicará cinco años después de la entrada en vigor del reglamento. El texto aclara además los criterios para determinar cuándo un vehículo debe considerarse fuera de uso y la documentación que deberán verificar las autoridades aduaneras.
Los ponentes del acuerdo en el Parlamento Europeo, Jens Gieseke y Paulius Saudargas, destacaron que estas nuevas reglas suponen “un avance importante para impulsar la transición del sector de la automoción hacia la economía circular”, al tiempo que refuerzan la seguridad de los recursos y la protección ambiental, con objetivos considerados realistas para no sobrecargar a la industria.
El acuerdo provisional deberá ser ahora ratificado formalmente tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo. Una vez aprobado, el nuevo reglamento podrá entrar en vigor y comenzar a transformar un sector clave para la economía europea, alineándolo con los objetivos climáticos y de sostenibilidad del Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción de Economía Circular.
