La Unión Europea ha cerrado un acuerdo político provisional para actualizar la Ley del Clima e incluir un nuevo objetivo intermedio: una reducción del 90% de los gases de efecto invernadero en 2040 respecto a los niveles de 1990. El pacto, alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo, pretende acelerar la transición ecológica sin perder de vista la competitividad industrial, según informa el Parlamento Europeo.
Los negociadores acordaron que este nuevo hito, pensado como paso fundamental hacia la neutralidad climática en 2050, sea jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros.
Una de las claves del acuerdo es la incorporación de mayores márgenes de flexibilidad. A partir de 2036, hasta cinco puntos porcentuales del objetivo de reducción podrán lograrse mediante créditos internacionales de carbono “de alta calidad” alineados con el Acuerdo de París. Esta cifra supera en dos puntos la propuesta inicial de la Comisión Europea.
A petición del Parlamento, el texto final incorpora salvaguardas adicionales para evitar que estos créditos financien proyectos que puedan ir en contra de los intereses estratégicos de la UE. La Comisión, por su parte, evaluará el papel que estos mecanismos deben desempeñar en la futura legislación climática para asegurar que no desestabilicen el mercado europeo de emisiones (EU ETS).
El acuerdo también abre la puerta a que las absorciones de carbono permanentes dentro de la UE puedan utilizarse para compensar emisiones especialmente difíciles de eliminar en sectores regulados por el ETS.
Otro punto relevante del pacto es el aplazamiento del lanzamiento del ETS2, el nuevo sistema de comercio de emisiones destinado a edificios y transporte por carretera. Inicialmente previsto para 2027, su entrada en vigor se retrasa a 2028. Según los colegisladores, este margen permitirá a los países adaptarse mejor a una herramienta que implicará cambios en el precio de los combustibles y en políticas climáticas nacionales.
La Comisión Europea deberá presentar cada dos años un informe de seguimiento que evalúe el avance hacia el objetivo de 2040, incorporando las últimas evidencias científicas, la evolución tecnológica y el impacto en la competitividad de la industria europea.
Este examen también tendrá en cuenta la evolución de los precios de la energía y su efecto sobre hogares y empresas. Si fuera necesario, Bruselas podría proponer una revisión del objetivo o introducir medidas complementarias para reforzar el marco legislativo y garantizar una transición justa y económicamente viable. El acuerdo deberá ser votado primero por el Parlamento Europeo y posteriormente ratificado por el Consejo. Tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, entrará en vigor veinte días después.
