La comparecencia de la Plataforma del Tercer Sector ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso ha puesto el foco en un mensaje claro: la histórica reforma del artículo 49 de la Constitución, que ha eliminado expresiones discriminatorias y reforzado el marco de protección para las personas con discapacidad, debe completarse con avances legislativos concretos. Tal como subraya la entidad, citada en su comunicado, “el reconocimiento constitucional es un paso decisivo, pero no suficiente si no se transforma en derechos exigibles”.
La modificación del artículo 49 —la primera reforma social de la Constitución Española— estableció un enfoque moderno y basado en derechos para garantizar la dignidad, la autonomía personal y la inclusión social. Además, incorporó la atención específica a las mujeres con discapacidad, un avance ampliamente celebrado por el movimiento social.
Sin embargo, desde la Plataforma del Tercer Sector advierten de que este cambio no puede quedarse en un gesto simbólico. María José Juanes, directora ejecutiva de la organización, lo resumió así ante los diputados: "Es el momento de convertir los principios en realidades y garantizar derechos efectivos en la vida cotidiana".
Según recuerda la Plataforma, citando especialmente el trabajo del CERMI, este avance constitucional fue posible gracias a la presión sostenida y la capacidad de articulación del movimiento social de la discapacidad. Un esfuerzo colectivo que, incluso en un escenario político polarizado, logró generar un amplio consenso parlamentario.
Además de respaldar la posición técnica del CERMI en relación con el proyecto de ley que modifica la normativa de discapacidad y dependencia, la Plataforma señala tres prioridades inaplazables:
La Plataforma del Tercer Sector reconoce el diálogo mantenido con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pero subraya que ahora el impulso depende del Congreso. Reclama una tramitación ágil y con el máximo respaldo político posible. "Es el momento de convertir el consenso en acción y asegurar que estas reformas se traducen en derechos efectivos para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada", concluyó Juanes.
