En un análisis exhaustivo sobre las oportunidades de las CCUS para España, BBVA Research subraya que un tercio de las emisiones nacionales procede de industrias de difícil descarbonización —como el cemento, la metalurgia o la química— una proporción diez puntos superior a la media global. Según detalla el estudio, recogido por la entidad, estas tecnologías no serían marginales en el país, sino una herramienta clave para preservar empleo y reforzar la competitividad de actividades que representan cerca del 2% del PIB y más del 1% del empleo.
El documento remarca que su despliegue podría evitar deslocalizaciones en territorios con fuerte peso industrial, como Asturias, Cantabria, el País Vasco o la Comunitat Valenciana, donde el aumento del coste del carbono ejerce una presión creciente sobre las empresas.
Además, los economistas de BBVA Research apuntan que las CCUS podrían impulsar nuevos ecosistemas industriales ligados al hidrógeno verde y a los combustibles sostenibles, cerrando el ciclo del carbono mediante la reutilización del CO₂ capturado. Un ámbito con potencial estratégico para España es la descarbonización del transporte aéreo y marítimo, dado que el país suministra en sus aeropuertos alrededor del 15% del combustible de aviación de toda la UE. Para avanzar hacia la producción nacional de combustibles sintéticos, señalan, será decisiva la combinación de CO₂ capturado y de hidrógeno renovable, un área donde España cuenta con una posición destacada.
Rentabilidad en duda y regulación insuficiente
El informe reconoce que la principal barrera sigue siendo económica: actualmente, capturar una tonelada de CO₂ cuesta más que emitirla. Los costes —entre 100 y 160 euros por tonelada— superan el precio actual de los derechos de emisión en el EU ETS, lo que frena la viabilidad de nuevas inversiones.
Sin embargo, BBVA Research anticipa que esta brecha se reducirá a medida que disminuya la oferta de derechos de emisión y se retiren los permisos gratuitos entre 2026 y 2034, además de la plena entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). Según el informe, solo entre 2016 y 2024 las industrias españolas se ahorraron más de 16.000 millones de euros en permisos, casi 13.000 millones correspondientes a sectores “hard-to-abate”. Estas exenciones desaparecerán, elevando el coste efectivo de emitir y mejorando el atractivo relativo de las CCUS.
El reto regulatorio es igual de determinante. Aunque Europa avanza con normas como la Ley de Industria Cero Emisiones Netas y la Estrategia Europea de Gestión Industrial del Carbono, España no cuenta aún con una estrategia específica. El actual PNIEC relega estas tecnologías a un papel residual, algo que según el análisis “resta ambición y desincentiva inversiones”. Para avanzar, recuerdan los autores, es imprescindible un marco regulatorio claro y estable que detalle normas sobre transporte, almacenamiento y responsabilidades, y garantice seguridad jurídica.
Ventajas comparativas: renovables, geología y ciencia
El informe cita varias fortalezas que podrían situar a España entre los líderes europeos en captura de carbono:
Según BBVA Research, la proximidad geográfica entre estas formaciones geológicas y los clústeres industriales del norte y el valle del Ebro representa un “ahorro logístico y económico evidente”.
Lo que falta: una estrategia nacional y nuevas infraestructuras
El análisis recuerda que España aún no ha logrado transformar su potencial en proyectos concretos. Propone como prioridades:
Finalmente, la publicación afirma: “con una regulación adecuada, infraestructuras desarrolladas y una estrategia coordinada, España podría pasar de tener un alto potencial a ocupar una posición de liderazgo”. Para BBVA Research, la captura de carbono no es solo un instrumento climático, sino una oportunidad para impulsar un modelo productivo más innovador, resiliente y sostenible.
