La ciudad amazónica de Belém acogió ayer una de las jornadas más significativas de la cumbre climática: el Día de la Salud. Desde primera hora, según comunicó la ONU, las intervenciones de líderes internacionales pusieron de relieve que el bienestar humano depende directamente del equilibrio ambiental.
Durante la reunión ministerial de Salud y Clima, el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, recordó que una ciudad inmersa en la Amazonía simboliza mejor que ninguna otra la interdependencia entre la salud de las personas y la del planeta. “Tenemos una responsabilidad compartida para cuidar de ambas”, afirmó, en declaraciones recogidas por la organización.
En este contexto, se presentó el Plan de Acción de Belém para la Salud, una iniciativa conjunta del Gobierno de Brasil y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según informó la OMS, la propuesta se articula en tres pilares —adaptación, equidad y justicia climática— que buscan sentar las bases de sociedades más resilientes frente a los impactos ambientales.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en que la emergencia climática es también una crisis sanitaria. Subrayó que reforzar los sistemas de salud será clave para proteger a las poblaciones más vulnerables. Este nuevo plan aspira justamente a acelerar herramientas y recursos para que los países puedan prepararse, incorporando además la participación social y el acceso equitativo a soluciones.
La jornada dejó otro anuncio central: la presentación del Marco y la Caja de Herramientas para la Gobernanza del Calor Extremo, elaborada con la participación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El propósito es apoyar a los países en su adaptación a un planeta que se calienta a un ritmo acelerado.
Según datos de la OMM, el calor extremo causa más de medio millón de muertes cada año y, solo en 2024, provocó la pérdida de 639.000 millones de horas de trabajo, un coste equivalente a un billón de dólares, cerca del 1% del PIB global. “Estamos viendo temperaturas que superan los 40 °C o incluso los 50 °C; ya no son la excepción”, alertó su secretaria general, Celeste Saulo.
Por su parte, ACNUR presentó el Fondo para la Protección Ambiental de los Refugiados (REP Fund), definido por la agencia como el primer mecanismo mundial de financiación de carbono impulsado directamente por comunidades refugiadas.
Los primeros proyectos, instalados en Uganda y Ruanda, apuntan a la restauración de más de 100.000 hectáreas de tierra y al acceso a energía limpia para un millón de personas. ACNUR adelantó además que ya se encuentran en fase de diseño nuevas iniciativas en Brasil y Bangladesh, entre ellas un proyecto clave en la Tierra Indígena São Marcos, en Roraima. Se trata de un territorio habitado por 21.000 indígenas y refugiados venezolanos, donde la pérdida acelerada de árboles y suelo amenaza tanto al ecosistema como a la vida comunitaria.
Reducir a la mitad el desperdicio alimentario
El cierre del día vino de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que presentó la iniciativa Food Waste Breakthrough. Según explicó la agencia, su objetivo es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030 y recortar hasta un 7% las emisiones globales de metano, uno de los gases más potentes del calentamiento global.
“El mundo desperdicia una cantidad imperdonable de comida cada año”, lamentó Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, recordando que frenar esta tendencia es esencial para avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles.
