Miles de personas que obtuvieron su residencia temporal gracias al decreto extraordinario del Gobierno central tras la DANA —la Depresión Aislada en Niveles Altos que devastó varias zonas del país en octubre de 2024— podrían volver a la irregularidad administrativa. Según informa Oxfam Intermón, la medida tuvo una vigencia de un año y muchas de las personas beneficiadas no lograrán reunir los requisitos necesarios para renovar su situación.
El proceso de regularización alcanzó a unas 25.000 personas, aunque la organización estima que más de 40.000 migrantes en situación irregular residían en las zonas afectadas por la catástrofe. Las primeras autorizaciones se concedieron en mayo de 2024.
“Muchas personas estaban trabajando sin contrato y, al acudir a sus empleadores con sus papeles en regla, éstos se negaron a formalizar la relación laboral para evitar sus obligaciones legales y de cotización”, explica Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón.
Checa subraya además que buena parte del tejido productivo de las zonas afectadas aún no se ha recuperado, lo que limita la creación de empleo. “Hay que seguir trabajando en la recuperación económica y generar empleo de calidad para las personas afectadas por la DANA”, añade. La ONG advierte también de que estos colectivos enfrentan obstáculos añadidos, especialmente en materia de acceso a la vivienda, donde la subida de los alquileres está provocando situaciones de hacinamiento.
La regularización extraordinaria permitió a muchas personas acceder por primera vez a ayudas públicas, aunque otras quedaron fuera porque las convocatorias habían expirado. Aun así, el proceso abrió la puerta a prestaciones sociales antes inaccesibles. Oxfam Intermón recuerda que el Congreso aprobó en abril de 2024 la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria apoyada por más de 700.000 personas y 900 organizaciones, pero su tramitación sigue paralizada.
“Sólo hace falta la misma voluntad política que permitió la regularización de las personas afectadas por la DANA para sacar adelante la ILP o buscar soluciones efectivas que garanticen los derechos de más de 500.000 personas en situación administrativa irregular. Es una cuestión de dignidad y justicia”, insiste Checa.
En colaboración con diez organizaciones locales, Oxfam Intermón ha brindado apoyo directo a más de 17.000 personas afectadas por la DANA, especialmente trabajadoras del hogar, personas migrantes, empleados del campo y pequeños agricultores.“El esfuerzo de las organizaciones locales ha sido titánico. En muchos casos, la ayuda canalizada por Oxfam Intermón ha sido la única que recibieron en todo este tiempo”, añade Checa.
Entre los apoyos prestados figuran asistencia para vivienda, reposición de enseres, ayudas económicas, asesoramiento legal y acompañamiento psicosocial. Nilka, una migrante colombiana afectada por la DANA en Masanasa, lo recuerda con gratitud: “Cuando lo había perdido todo, Oxfam Intermón fue la primera en ayudarme. Me hicieron sentir parte de la sociedad y muy valorada.”
Con este llamamiento, la organización humanitaria reclama una respuesta política firme y duradera que evite que miles de personas vuelvan a la invisibilidad administrativa y la precariedad.
