La Plataforma del Tercer Sector —que agrupa a cerca de 28.000 entidades sociales en toda España— ha reivindicado el valor histórico de la Ley 43/2015 del Tercer Sector de Acción Social, aprobada hace una década con amplio consenso político. Según ha señalado la organización, esta norma supuso un reconocimiento legal al papel esencial de las entidades sociales en la defensa de los derechos y la promoción de la cohesión social.
Sin embargo, diez años después, la Plataforma lamenta que la mayoría de los desarrollos normativos previstos por la ley siguen sin ejecutarse, lo que impide dotar al sector de la seguridad jurídica y el respaldo institucional necesarios. Tal como recuerda la entidad, hasta la fecha solo se ha aprobado el decreto que regula la Comisión de Diálogo Civil, mientras que otras medidas, como la regulación de las entidades colaboradoras, continúan en fase de consulta pública.
Asimismo, siguen sin concretarse el inventario estatal del Tercer Sector, el programa de impulso ni el reglamento de la Ley del Voluntariado, elementos clave para fortalecer el papel de estas organizaciones en la respuesta a los desafíos sociales, económicos y climáticos actuales.
Por este motivo, la Plataforma del Tercer Sector ha hecho un llamamiento al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que reactive de manera urgente los desarrollos normativos pendientes. Según informa la entidad, esta demanda se ha reiterado en el marco de la Comisión para el Diálogo Civil como parte del compromiso institucional por avanzar hacia un Tercer Sector más fuerte y reconocido. “El desarrollo pleno de esta ley es esencial para garantizar una respuesta eficaz y equitativa ante los retos sociales, económicos y climáticos que enfrenta la sociedad”, han subrayado desde la Plataforma.
Además del impulso legislativo, la Plataforma ha advertido de la necesidad urgente de contar con un sistema de financiación estable y suficiente que permita a las entidades sociales planificar a largo plazo y aumentar su impacto. Entre sus propuestas, plantea elevar del 0,7 al 1 % la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a fines sociales.
La organización también reclama la renovación del modelo mixto de distribución de fondos, vigente desde 2021, que reparte el 80 % de la recaudación entre las comunidades autónomas y el 20 % en el tramo estatal. Este sistema expira a finales de 2025, y su continuidad —según la Plataforma— resulta “fundamental para garantizar la sostenibilidad del tejido social en todo el territorio y mantener políticas públicas eficaces, justas y solidarias”.
Constituida en 2012, la Plataforma del Tercer Sector actúa como voz unitaria de las principales organizaciones sociales de España, entre ellas la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES), el CERMI, Cruz Roja, Cáritas, la ONCE, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y la Plataforma de Infancia.
A través de su trabajo, la entidad busca defender los derechos sociales y promover la inclusión y la justicia social, especialmente de las personas en situación de pobreza o exclusión. En su décimo aniversario, la Plataforma reafirma su compromiso con el diálogo civil y con la construcción de un marco normativo sólido que asegure el futuro y la sostenibilidad del Tercer Sector en España.
