
El debate en el Parlamente Europeo (PE) surge en un contexto de crecimiento económico ralentizado y un aumento preocupante de los precios de la vivienda. Para afrontar estos desafíos, el Parlamento insta a los países de la Unión Europea (UE) a reducir déficits fiscales excesivos sin comprometer el desarrollo sostenible. Además, hace hincapié en la importancia de implementar de manera efectiva las recomendaciones económicas emitidas por la Comisión Europea.
Por primera vez, el Parlamento evaluará la aplicación del nuevo marco de gobernanza económica, reformado en 2024. Los eurodiputados señalan la necesidad de que los gobiernos nacionales refuercen sus compromisos y expresan su preocupación por la falta de consultas con los organismos de control fiscal. También piden a la Comisión que mejore los análisis sobre la sostenibilidad de la deuda de cada país, un aspecto clave para la estabilidad financiera de la Unión.
En el ámbito social y laboral, la resolución aprobada subraya la urgencia de reducir la carga burocrática para las empresas sin debilitar los derechos laborales ni los estándares sociales. Se destaca que un mayor respaldo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) impulsaría la innovación y la generación de empleo de calidad, mientras que fortalecer la economía social contribuiría al avance de la economía circular.
El Parlamento también hace un llamado a alinear las políticas fiscales con los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS), promoviendo la inversión en sectores clave como la vivienda asequible, la sanidad y la educación. Además, insiste en la necesidad de desarrollar estrategias eficaces para abordar la escasez de mano de obra, mediante la inversión en formación y capacitación profesional.
Otro punto clave de la resolución es la regulación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) en el ámbito laboral. Los eurodiputados solicitan que la Comisión Europea establezca normativas claras para garantizar que su uso respete los derechos de los trabajadores y fomente un entorno laboral más equitativo.
En un contexto donde el acceso a la vivienda asequible se ha convertido en un problema crítico en varias regiones de la UE, el Parlamento exhorta a los Estados miembros a promover inversiones en el sector inmobiliario con criterios de sostenibilidad y justicia social. Con esta nueva estrategia, la UE busca consolidar un modelo económico más equilibrado, que combine crecimiento, cohesión social y sostenibilidad ambiental en el marco de su gobernanza reformada.