En respuesta a las inquietudes de socios internacionales sobre su capacidad de implementación, la Comisión propone extender el plazo de entrada en vigor. Si el Parlamento Europeo y el Consejo aprueban la medida, las grandes empresas deberán cumplir con el reglamento a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que las pequeñas y microempresas tendrán hasta el 30 de junio de 2026. Este plazo adicional de 12 meses permitirá una transición más fluida y garantizará una implementación adecuada.
El conjunto de directrices publicado recientemente busca clarificar aspectos clave del reglamento para las empresas y autoridades responsables de su ejecución. Entre los temas destacados se incluyen detalles sobre las funciones del Sistema de Información, las definiciones críticas, como "degradación forestal", y las obligaciones de trazabilidad que deberán cumplir las empresas. Estas guías, junto con respuestas a más de 40 preguntas frecuentes, apuntan a asegurar una interpretación uniforme de la ley en toda la UE.
Un aspecto clave de la implementación será la clasificación de los países según su riesgo de deforestación. La Comisión ha anunciado hoy los principios que guiarán este proceso de evaluación comparativa, dividiendo a los países en categorías de bajo, medio y alto riesgo. Este enfoque permitirá a las autoridades y operadores concentrar sus esfuerzos en los países con mayores desafíos en términos de deforestación.
Paralelamente, la Comisión ha fortalecido su cooperación internacional para apoyar la transición hacia cadenas de suministro libres de deforestación, con un enfoque en los derechos humanos y la justicia social. Entre las áreas de acción prioritaria se incluye el apoyo a pequeños agricultores, que suelen ser los más vulnerables ante cambios regulatorios de gran magnitud.
El Sistema de Información, donde las empresas registrarán sus declaraciones de diligencia debida, estará disponible en noviembre para que los operadores puedan realizar pruebas y comenzar a registrarse antes de que la ley entre en vigor. La Comisión ha implementado diversas medidas para apoyar a las empresas en este proceso, incluidas formaciones en línea y la creación de un punto de contacto único para resolver dudas técnicas.
Con estas acciones, la Comisión Europea asegura que la infraestructura y los recursos necesarios para la implementación del reglamento están listos. El próximo paso será la aprobación por parte del Parlamento y el Consejo de la extensión del plazo de entrada en vigor. La deforestación es uno de los principales factores del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La FAO estima que entre 1990 y 2020 se perdieron más de 420 millones de hectáreas de bosque, una superficie superior al tamaño de la Unión Europea. La normativa de la UE es un paso crucial para frenar esta devastación, asegurando que los productos consumidos dentro de sus fronteras no contribuyan a la destrucción de los bosques a nivel global.
Los expertos advierten que el éxito de esta ley dependerá en gran medida del compromiso de las partes interesadas internacionales, quienes deberán adoptar medidas concretas para detener la deforestación y cumplir con los objetivos ambientales globales.
