La emergencia climática mundial, caracterizada por temperaturas anormalmente altas e incendios cada vez más intensos, resalta la necesidad de actuar con urgencia y ambición. En 2023, la temperatura global superó en 1,45 °C el promedio de la era preindustrial, con los últimos 12 meses siendo los más calurosos registrados desde mediados del siglo XX, excediendo en 1,63 °C los niveles preindustriales (1850-1900). Aproximadamente entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático, y entre 2010 y 2020, la mortalidad por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en estas regiones. En los países de ingresos bajos y medios, el estrés térmico y las inundaciones causan pérdidas económicas significativas, siendo los hogares encabezados por mujeres los más afectados.
Organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo denuncian que España está lejos de alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones. Para 2030, España debería reducir sus emisiones en un 55% respecto a 1990, en lugar del 32% propuesto en el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Solo una reducción drástica puede limitar el calentamiento global a 1,5ºC y evitar los peores efectos del cambio climático, según advierte la comunidad científica en el informe “Claves para convertir España en líder mundial de acción climática”.
En este contexto, el primer litigio climático de España ha avanzado significativamente. Las mencionadas organizaciones han llevado su demanda al Tribunal Constitucional, tras agotar los recursos nacionales cuando el Tribunal Supremo falló en su contra en julio. Esto abre la puerta para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que recientemente condenó a Suiza por no proteger a su población de los impactos del cambio climático, en respuesta a una demanda de KlimaSeniorinnen, un colectivo de más de 2000 mujeres mayores de 65 años.
La sentencia del TEDH, aplicable a todos los países del Consejo de Europa, incluido España, podría ser crucial en este caso. El tribunal reconoció que la inacción climática afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Además, el Tribunal Internacional de la Ley del Mar ha dictaminado que los estados deben prevenir y controlar la contaminación por gases de efecto invernadero y proteger el medio marino en el contexto del cambio climático. Las organizaciones demandantes esperan que la justicia española considere estos pronunciamientos y obligue al Estado a cumplir con sus responsabilidades climáticas. De no ser así, están dispuestas a llevar el caso hasta Estrasburgo para que la Unión Europea defienda a la ciudadanía.
“La vida y la salud de millones de personas están en grave peligro si no se actúa con urgencia contra el cambio climático. Estamos luchando por el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente digno. No pararemos hasta que España cumpla con sus obligaciones climáticas y tome las medidas necesarias para proteger a su ciudadanía”, declaró Inés Díez, representante legal de Greenpeace.
Jaime Doreste, abogado de las entidades demandantes, añadió: “Nuestra Constitución estipula que las normas relativas a los derechos fundamentales deben interpretarse de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por España. Por lo tanto, entendemos que esta nueva interpretación del TEDH debe ser plenamente acogida por el Tribunal Constitucional”.
