Según datos recientes de UNICEF, en España, los hogares con niños representan el 33,5% del total, pero constituyen el 59% de los hogares en alquiler y el 72% de aquellos en situación de pobreza que alquilan vivienda. Esta disparidad subraya cómo el aumento de los precios de la vivienda afecta de manera desproporcionada a las familias con niños, quienes suelen destinar al menos el 40% de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda. Además, el 11,1% de la infancia española vive en hogares con una carga excesiva de estos gastos.
Los hogares en situación de pobreza tienen 15 veces más probabilidades de enfrentar una sobrecarga de costes de vivienda que aquellos por encima del umbral de la pobreza, exacerbando su vulnerabilidad económica. Aproximadamente uno de cada cinco niños en hogares en riesgo de pobreza experimenta retrasos en los pagos relacionados con la vivienda, comparado con menos de uno de cada 20 en hogares mejor situados.
Esta falta de inversión en protección social para la vivienda se suma a la escasa atención a la protección social infantil en España, con implicaciones económicas y sociales a largo plazo. La pobreza infantil, estimada en un coste anual equivalente al 5,1% del PIB, destaca la urgente necesidad de políticas efectivas para mitigar estos impactos y salvaguardar el bienestar de la infancia en el país.
Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España, enfatiza que el aumento del precio de la vivienda es especialmente perjudicial para los niños más vulnerables, quienes enfrentan condiciones precarias y dificultades para cubrir otras necesidades básicas. Según él, estas situaciones pueden afectar negativamente su salud física y mental, así como su rendimiento académico.
El informe "Yo también vivo aquí" de UNICEF España documenta cómo los niños y adolescentes en España enfrentan cargas desproporcionadas relacionadas con la vivienda, sin que se tomen suficientemente en cuenta al diseñar políticas en esta área crucial. La organización hace un llamado a impulsar medidas concretas, como fortalecer el Plan de Acción Estatal para la Garantía Infantil Europea, ampliar el parque público de vivienda de alquiler con condiciones adecuadas para familias con niños, y garantizar un acceso equitativo a servicios esenciales para todas las familias, incluyendo las migrantes.
En resumen, asegurar que cada niño y adolescente en España tenga acceso a una vivienda digna es fundamental para su desarrollo integral y para garantizar un futuro más equitativo y próspero para todos.
