En la actualidad, la promoción de la justicia social ha emergido como un principio rector crucial que debe permear todas las políticas, tanto a nivel nacional como internacional. Esta idea, que gana cada vez más terreno, sostiene que priorizar la justicia social no solo fortalece la cohesión social, sino que también impulsa el funcionamiento armonioso de las sociedades y las economías.
Pero antes de avanzar, ¿de qué hablamos cuando decimos justicia social? La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz. Los defensores de esta causa argumentan que para avanzar hacia una sociedad más equitativa y sostenible, es esencial promover el trabajo decente y una agenda de globalización justa. Esto implica centrarse en garantizar los derechos fundamentales, crear oportunidades de empleo, fortalecer la protección social y fomentar el diálogo constructivo entre los gobiernos, los empleadores y los trabajadores.
No obstante, a pesar de los esfuerzos por promover la justicia social, persisten grandes injusticias y desigualdades en todo el mundo y, ciertamente, hablar de desarrollo sostenible o de la posibilidad de alcanzar las metas de la Agenda 2030 sin justicia social es imposible. La precariedad laboral, la creciente desigualdad y el deterioro de los contratos sociales son realidades preocupantes, especialmente exacerbadas por crisis globales recientes. Por lo tanto, es urgente fortalecer las instituciones y las políticas que verdaderamente abogan por la justicia social.
La brecha entre los estratos más pobres y los más ricos del mundo es amplia y está en constante crecimiento. Esta disparidad no solo se observa entre naciones, sino también dentro de cada país, incluso en aquellos considerados más prósperos. El Día Mundial de la Justicia Social se erige como una ocasión para subrayar el poder de la solidaridad global en la promoción de oportunidades equitativas para todos.
Es imperativo reconocer que factores como el lugar de nacimiento, la residencia, el género o la etnia no deben ser determinantes del nivel de ingresos ni de las oportunidades disponibles para acceder a educación de calidad, servicios de salud esenciales, empleo digno, vivienda adecuada, agua potable, participación política, o el derecho a una vida libre de temor a la violencia y la intimidación. A medida que la desigualdad se profundiza, el tejido social de nuestras comunidades se ve debilitado, generando tensiones que a menudo desencadenan una espiral descendente de incertidumbre económica y social, e incluso disturbios. Los conflictos violentos en diversas partes del mundo suelen tener sus raíces en desigualdades profundas, discriminación y la extensión de la pobreza.
Para lograr avances significativos en este ámbito, se proponen diversas medidas, como mejorar la gobernanza del trabajo, garantizar oportunidades de empleo y aprendizaje continuo, reformar las instituciones laborales para obtener resultados más equitativos y ampliar la protección social a lo largo de toda la vida de las personas. Es crucial adoptar un enfoque integral que aborde estas áreas de manera coordinada.
En este contexto, cobra fuerza la idea de establecer una Coalición Mundial por la Justicia Social. Esta coalición, de alcance global, tendría como objetivo fortalecer la cooperación multilateral y armonizar políticas para promover la justicia social en todas partes. Además, destacaría iniciativas exitosas que han impulsado la justicia social en diferentes regiones del mundo y promovería diálogos sociales nacionales para identificar y abordar deficiencias en este ámbito.
