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Así lo afirma un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según la publicación, la desigualdad de género en la alimentación y la agricultura cuestan al mundo un billón de dólares y combatir la desigualdad de género proporcionaría seguridad alimentaria a 45 millones de personas.
Cambiar el papel de la mujer en el sector agroalimentario reduciría el hambre en el mundo

Si avanzamos en materia de igualad ganamos todos. De eso no hay dudas. El gran desafío de nuestro tiempo es poder crear un mundo más justo y sin igualdad no hay justicia. Aunque los sistemas agroalimentarios son una fuente importante de trabajo para hombres y mujeres, ellas se enfrentan a la discriminación, peores condiciones laborales, contratos precarios y sueldos más bajos. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma que combatir la desigualdad de género proporcionaría seguridad alimentaria a 45 millones de personas. Los expertos explican que abordar la desigualdad de género en los sistemas agroalimentarios y cambiar el papel de la mujer en el sector reduce el hambre, estimula la economía y refuerza la resiliencia ante crisis tales como el cambio climático y la pandemia del COVID-19.

El documento “La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios” recientemente publicado, no se limita a la agricultura, sino que ofrece un panorama completo de la situación de las mujeres que trabajan en los sistemas agroalimentarios, abarcando desde la producción hasta la distribución y el consumo. La Organización destaca que los sistemas agroalimentarios son una importante fuente de trabajo a nivel mundial: el 36% de las mujeres que trabajan están empleadas en el sector, una cifra que alcanza el 38% en el caso de los hombres.

Al respecto, Benjamin Davis, director del Departamento de Transformación Rural Inclusiva e Igualdad de Género de la FAO declara que: “Las mujeres se desempeñan como productoras, empresarias, vendedoras, trabajadoras y también como consumidoras. Entonces, participan en todas las dimensiones que forman parte de los sistemas agroalimentarios”.

Ante la pregunta de por qué se habla de desigualdad en el sector, con una cifra tan pareja, el director explica que el trabajo de las mujeres está menospreciado y sus condiciones laborales tienden a ser peores que las de los hombres. Sobre esto analiza: “En general, las mujeres tienen un trabajo más informal, es más precario, a tiempo parcial, de escasa cualificación y es más laborioso, y finalmente peor pagado. Otro elemento de la desigualdad es la mayor carga como cuidadoras no remuneradas y el trabajo doméstico, que a nivel mundial es tres veces más alto para las mujeres, ahí es donde está la desigualdad”.

Según la investigación la diferencia en los pagos es sustancial. En concreto, el informe destaca que las asalariadas en la agricultura ganan 82 céntimos por cada dólar que reciben los hombres. La razón no solo está ligada a la segregación ocupacional y la precariedad de las condiciones laborales antes mencionada; “otra razón es la discriminación a la que se enfrentan las mujeres, simplemente las pagan menos por el mismo trabajo. Y eso es muy común en muchos contextos”, añade Benjamin Davis. Además, es preciso destacar que las mujeres también tienen menos acceso a la posesión de la tierra, al crédito, a la formación y a las nuevas tecnologías. Junto con la discriminación, estas desigualdades dan lugar a una brecha de género del 24% en la productividad entre mujeres y hombres agricultores para explotaciones de igual tamaño.

El informe hace el foco en los beneficios socioeconómicos de combatir la desigualdad. Benjamin Davis explica que abordar las desigualdades de género en los sistemas agroalimentarios tendría muchas consecuencias en la vida cotidiana de las familias y de las comunidades, y que las mujeres tendrían un papel protagonista dentro de la vida colectiva: “También hicimos un cálculo en términos económicos de que, si se cerrara la brecha de género de la en la productividad agrícola y si se suprimiera la diferencia salarial existente en los sistemas agroalimentarios, el producto interior bruto mundial aumentaría en un 1%, es decir, un billón de dólares. Y con ello, la inseguridad alimentaria mundial se reduciría alrededor de 2 puntos porcentuales y el número de personas con inseguridad alimentaria se reduciría en 45 millones, y eso solamente un cálculo conservador, en el sentido de que no se calcula su impacto a largo plazo”.

En el documento también se señala que, cuando las economías se contraen, los puestos de trabajo de las mujeres son los primeros en desaparecer. A escala mundial, el 22% de las mujeres de los segmentos de los sistemas agroalimentarios que se desarrollan fuera de la explotación agrícola perdieron su empleo en el primer año de la pandemia de la COVID-19, frente al 2% de los hombres.

Finalmente, el documento concluye con una serie de recomendaciones y denuncia que, si bien en la última década los marcos políticos nacionales han pasado a tener más en cuenta las cuestiones de género, la desigualdad de género en los sistemas agroalimentarios persiste, y esto ocurre en gran medida porque las políticas, las instituciones y las normas sociales discriminatorias siguen limitando la igualdad de oportunidades y de derechos a los recursos.

Para acabar con la desigualdad de género, hace falta subsanar las carencias relacionadas con el acceso a activos, tecnología y recursos. En el estudio se pone de manifiesto que las intervenciones para mejorar la productividad de las mujeres consiguen buenos resultados cuando abordan las cargas de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, proporcionan educación y formación, y facilitan la posesión de la tierra.

En este sentido, Benjamin Davis destaca la importancia de adoptar políticas enfocadas en cambiar las normas sociales que tienden a restringir la posibilidad de las mujeres de trabajar en el mercado laboral. “También es muy importante mejorar los derechos de las mujeres a la propiedad y la tenencia segura de tierras agrícolas, que influye muy positivamente sobre el empoderamiento, la inversión, la gestión de los recursos naturales y el acceso a servicios e instituciones y también ayuda en términos de aumentar su poder de negociación”. El director hizo referencia a cómo el acceso a guarderías también tiene un notable efecto positivo en el empleo de las madres, mientras que los programas de protección social han demostrado aumentar el empleo y la resiliencia de las mujeres.

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