Ayer, jueves 2 de febrero, con 433 votos a favor, 61 en contra y 110 abstenciones, el Parlamento Europeo respaldó el mandato negociador propuesto por la comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores. El visto bueno del pleno permite al ponente Sandro Gozi (Renew, Francia) comenzar las conversaciones con los representantes de los Estados miembros, con vistas a lograr un acuerdo sobre el texto a tiempo para las elecciones europeas de 2024.
La propuesta de la Comisión plante que sólo los datos personales facilitados de manera explícita para la publicidad política podrán ser utilizados por los anunciantes. Esto supone que, en la práctica, quedará prohibida la microsegmentación, una estrategia que usa los datos de consumo y demográficos para identificar los intereses de individuos específicos. Además, el Parlamento también introdujo otras disposiciones para regular las actividades de segmentación en general, como la prohibición total del uso de datos de menores de edad.
Los eurodiputados también incorporaron enmiendas para garantizar que los ciudadanos, las autoridades y los periodistas pueden acceder de forma sencilla a la información sobre publicidad política. Entre otras propuestas, plantean crear una base de datos digital para todos los anuncios políticos en línea y los datos relacionados. Otro de los elementos que propone la cámara es prohibir a las organizaciones no domiciliadas en la UE financiar publicidad política dentro de la Unión. El texto señala que, para determinar dónde está basada una entidad, las autoridades deberán tener en cuenta quién controla en última instancia al pagador del anuncio.
Finalmente, el Parlamento propone la imposición de multas periódicas en caso de infracción reiterada y la obligación para los grandes proveedores de servicios de publicidad de suspender sus operaciones con un cliente específico hasta quince días cuando se produzca una violación grave y sistemática de las normas. La Comisión podrá fijar sanciones mínimas para toda la UE. El texto también refuerza los poderes de las autoridades nacionales y permite al Comité Europeo de Protección de Datos asumir una investigación sobre una supuesta infracción y forzar el cumplimiento de las reglas.
