El pasado 12 de julio, la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó por 60 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones, la propuesta de reglamento de la Comisión sobre productos libres de deforestación para frenar la deforestación mundial impulsada por la UE. El objetivo de esta nueva normativa es luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad a nivel mundial.
La nueva norma obligaría a las empresas a verificar (lo que se denomina "diligencia debida") que los productos vendidos en la UE no se han producido en tierras deforestadas o degradadas. Esto garantizaría a los consumidores que los productos que compran no contribuyen a la destrucción de los bosques fuera de la UE, incluidos los bosques tropicales irremplazables, y por lo tanto reduciría la contribución de la UE al cambio climático y la pérdida de biodiversidad a nivel mundial.
La propuesta de la Comisión incluye el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, así como los productos que contengan, se hayan alimentado o se hayan fabricado con estas materias primas (como el cuero, el chocolate y los muebles). El Parlamento quiere incluir la carne de cerdo, las ovejas y las cabras, las aves de corral, el maíz y el caucho, así como el carbón vegetal y los productos de papel impreso, y adelantar la fecha límite un año, al 31 de diciembre de 2019.
Aunque no se prohibirá ningún país o materia prima, las empresas que comercialicen productos en el mercado de la UE estarán obligadas a ejercer la diligencia debida para evaluar los riesgos en su cadena de suministro. Podrán, por ejemplo, utilizar herramientas de seguimiento por satélite, auditorías sobre el terreno, capacitación de los proveedores o pruebas isotópicas para comprobar la procedencia de los productos. Las autoridades de la UE tendrían acceso a la información pertinente, como las coordenadas geográficas. Los datos anonimizados estarían a disposición del público. Sobre la base de una evaluación transparente, la Comisión tendría que clasificar los países, o parte de ellos, en riesgo bajo, estándar o alto en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este reglamento. Las importaciones procedentes de países de bajo riesgo estarán sujetas a menos obligaciones.
Otro punto importante de la nueva propuesta es que se prevé que las empresas verifiquen que los productos se elaboren de acuerdo con los derechos humanos protegidos por el derecho internacional y los derechos de los pueblos indígenas, además de las leyes y normas pertinentes en el país de origen.
Según los procedimientos oficiales, la Comisión tendría que evaluar, a más tardar dos años después de la entrada en vigor, si es necesario ampliar las normas a otras mercancías como la caña de azúcar, el etanol y los productos mineros, y la viabilidad de hacerlo. Las y los eurodiputados también quieren que cubran otros ecosistemas naturales como praderas, turberas y humedales, si la Comisión lo considera oportuno, en el plazo de un año tras la entrada en vigor. Por último, los eurodiputados también quieren que las instituciones financieras estén sujetas a requisitos adicionales para garantizar que sus actividades no contribuyen a la deforestación.
Tras la votación, el ponente Christophe Hansen (PPE, LU) expresó: "Nos tomamos en serio la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Reconociendo que la UE es responsable de alrededor del 10% de la deforestación mundial, no tenemos más remedio que redoblar nuestros esfuerzos para detener la deforestación mundial. Si conseguimos el equilibrio adecuado entre ambición, aplicabilidad y compatibilidad con la OMC, esta nueva herramienta tiene el potencial de allanar el camino hacia unas cadenas de suministro sin deforestación."
