En la sesión del pasado 6 de julio, el Parlamento Europeo no se ha opuesto al acto delegado de taxonomía de la Comisión, que incluye, con ciertas condiciones, algunas actividades relacionadas con la energía nuclear y el gas en la lista de actividades económicas medioambientalmente sostenibles a las que se aplica la conocida como «taxonomía de la UE».
Concretamente, 278 eurodiputados votaron a favor de la objeción, 328 en contra y 33 se abstuvieron. Era necesaria una mayoría absoluta de 353 diputados para vetar la propuesta de la Comisión. A nivel europeo, los Verdes y la Izquierda han sido los más unidos al oponerse a la propuesta de la Comisión; en los socialdemócratas, al rededor de 30 votos se ha descolgado de la línea general del grupo de rechazar la propuesta; y entre populares y liberales, unos 60 miembros han votado lo opuesto a sus compañeros de filas, a favor de objetar. En el caso de los representantes españoles, las y los eurodiputados de nuestro país del PP, Vox, la mayoría de Ciudadanos y el PNV se pronunciaron a favor de mantener las centrales atómicas y de generación con gas como sostenibles, mientras que el PSOE, Unidas Podemos, JxCat, ERC y Bildu se expresaron en contra de esta clasificación. Con lo cual, si hasta el 11 de julio tampoco el Consejo ha formulado objeción a la propuesta, el acto delegado sobre taxonomía entrará en vigor, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
Cabe destacar que el reglamento sobre taxonomía se enmarca en el plan de acción de la Comisión para financiar el crecimiento sostenible, y tiene por objeto impulsar la inversión verde y evitar el lavado de imagen ecológico de las empresas («greenwashing» en inglés).Ciertamente, el debate sobre las normas del gas y la energía nuclear ha dividido a los países de la UE, al igual que a legisladores e inversores. Esta no e sla primera vez que se trata el tema, Bruselas ha reformulado las normas varias veces, evaluando de diversos modos la posibilidad de conceder a las centrales de gas una etiqueta verde. Su propuesta final suscitó un intenso debate sobre cómo alcanzar los objetivos climáticos en medio de la crisis de suministro de gas desencadenada a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania.
La Comisión considera que la inversión privada en gas y energía nuclear tiene su papel en la transición ecológica, por lo que ha propuesto que determinadas actividades relacionadas con el gas fósil y la energía nuclear se consideren actividades de transición que contribuyen a mitigar el cambio climático. La inclusión de tales actividades está limitada en el tiempo y ha de cumplir unos requisitos específicos en condiciones de transparencia.
Por otro lado, en respuesta a esta decisión, las organizaciones ambientalistas y ONG ecologistas han lamentado esta decisión, algo que consideran un "desastre climático" y un claro atraso para la transición energética. En términos generales, referentes de diversas organizaciones activistas opinaron que esta decisión va en contra de la ciencia, y de las múltiples evidencias empiricas, ya que consideran que "estas energías no son sostenibles y su aprobación obedece a las presiones de determinados grupos económicos". Greenpeace anunció via redes sociales que emprenderan acciones legales ante el fracaso de los eurodiputados para bloquear el gas y la energía nuclear.
