En los últimos años, los movimientos ecologistas y feministas europeos han recabado un apoyo cada vez mayor. El desarrollo de nuevos paradigmas que incorporan la sostenibilidad de la vida como categoría central está impactando en la agenda pública. Las teorías y prácticas ecofeministas han vuelto a ser objeto de atención y las mujeres se movilizan en contra de la energía nuclear y la destrucción de la naturaleza o para exigir que se aplique un enfoque feminista a la planificación urbana.
En este contexto, el Pacto Verde Europeo —como principal marco político de la actual Comisión Europea— y la nueva Estrategia de Igualdad de Género de la Unión Europea son señales claras de que tanto la protección del medioambiente como la igualdad de género ocupan un lugar destacado en la agenda de la Comisión von der Leyen. Si bien esto no es nuevo y ya en el Tratado de Lisboa se establece la obligación de incluir la perspectiva de género en la formulación de las políticas y de que las interrelaciones entre la igualdad de género y los desafíos medioambientales en Europa y en el mundo ya están de sobra demostradas, las políticas europeas de medioambiente y de género siguen estando muy aisladas entre sí, con escasa consideración del análisis de género también en los últimos desarrollos políticos relacionados con la transición hacia la sostenibilidad.
Con el objetivo de sumar voces críticas a este debate público, ayer, 26 de mayo, en el marco del evento “Por una transición ecológica en igualdad”, organizado por SUST4IN y del cual Diario Responsable ha sido media partner, se presentó el informe “¿Por qué el Pacto Verde Europeo tiene que ser ecofeminista?” elaborado por EEB (Oficina Europea del Medio Ambiente) y la ONG wecf (Women Engage for a Common Future). La investigación parte de la premisa de que es indispensable introducir la variable interseccional del género a la hora de analizar la cuestión medioambiental y sus políticas públicas.
Así, el informe analiza varios aspectos de la vinculación entre la igualdad de género y la acción medioambiental en el viejo continente. En primer lugar, las y los expertos afirman que los impactos ambientales están condicionados por el género. Por ejemplo, los hombres generan en promedio entre un 8 y un 40 % más de emisiones que las mujeres, principalmente debido a su comportamiento en materia de movilidad y alimentación. Por su parte, las mujeres tienden a elegir opciones de movilidad más sostenibles y presentan patrones de viaje diferentes, con desplazamientos más cortos y frecuentes, mientras que los servicios de transporte público suelen basarse en los desplazamientos directos de los hombres al trabajo. Como el poder económico sigue estando distribuido de manera desigual, la pobreza energética también afecta desproporcionadamente a las mujeres, y al mismo tiempo es probable que los hogares a cargo de mujeres dispongan de menos recursos para invertir en soluciones sostenibles. Como consecuencia de las normas sociales, los estándares de belleza, las profesiones condicionadas por el género y los factores biológicos, las mujeres se ven notablemente más expuestas a las sustancias químicas presentes en cosméticos o productos de limpieza, entre otras.
En segundo lugar, el estudio advierte que las mujeres con distintos niveles de marginación, por ejemplo, las mujeres racializadas, las jóvenes, las mujeres con discapacidades y las de género no conforme, se enfrentan a discriminaciones interseccionales. Son más vulnerables a los problemas medioambientales y a los efectos del cambio climático, y están en riesgo de quedarse atrás en la transición ecológica. Los estereotipos, la cultura sexista y violenta en el trabajo y el racismo estructural son algunos de los factores que explican su situación.
De este modo, el informe advierte que las políticas del Pacto Verde Europeo analizadas continúan aplicando, en su mayoría, una perspectiva androcéntrica. Además de ignorar la perspectiva de género, el androcentrismo supone que el modelo masculino es el punto neutro y objetivo que deben tomar como referencia las políticas. Y, dado que las políticas europeas no funcionan de manera aislada, existe un riesgo considerable de que reproduzcan las desigualdades y la discriminación existentes en nuestra sociedad. Por ejemplo, el estudio cita el siguiente caso: desde el Mecanismo para una Transición Justa —la principal herramienta del Pacto Verde Europeo para garantizar que la transición sea equitativa—, se destinan fondos para la transición de los trabajadores del carbón hacia las industrias verdes. Aunque es cierto que las zonas donde predominan industrias marrones necesitan un apoyo fuerte para la transición, es probable que el funcionamiento actual del mecanismo acabe beneficiando principalmente a los hombres de las regiones mineras del carbón, en lugar de llevar a cabo un análisis más en profundidad para determinar qué grupos sociales requieren una atención específica en el marco de la transición.
A partir de estas conclusiones, el documento propone una lista de medidas (no exhaustivas) que pueden contribuir a una transición inclusiva, justa desde el punto de vista del género, pertinente en su impacto y más eficaz hacia un futuro neutro en carbono y sostenible para todas y todos. Algunas de las más destacadas son:
