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En el mundo entero, las mujeres todavía acceden a solo tres cuartas partes de los derechos reconocidos a sus pares varones. La desigualdad muestra cada día su cara más cruel. El informe del Banco Mundial titulado “La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022” advierte que alrededor de 2400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades económicas, y 178 países continúan con barreras legales que les impiden participar plenamente en la economía. Además, la investigación que mide las leyes y regulaciones en ocho áreas que afectan la participación económica de las mujeres en 190 países, afirma que, en 86 países, las mujeres enfrentan algún tipo de restricción laboral, y 95 países no garantizan la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.
Derechos económicos, privilegio de unos pocos

Los derechos se conquistas todos los días. La sola enunciación de ciertos derechos no garantiza su efectivo cumplimiento en lo absoluto. La desigualdad de género es una de las problemáticas más acuciantes de nuestro tiempo y, pese a innegables avances, en términos generales, las mujeres se encuentran en una situación de gran desventaja en relación a sus pares varones. Concretamente, a nivel mundial, las mujeres todavía acceden a solo tres cuartas partes de los derechos reconocidos a los hombres, lo que se traduce en una puntuación total de 76,5 sobre 100 puntos, que indicaría la existencia de una paridad jurídica completa. Así lo advierte el último informe del Banco Mundial titulado “La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022”.

Este estudio mide las leyes y regulaciones en ocho áreas que afectan la participación económica de las mujeres en 190 países. Las ocho áreas son Movilidad, Trabajo, Remuneración, Matrimonio, Parentalidad, Empresariado, Activos y Jubilación. Los datos ofrecen puntos de referencia objetivos y medibles para analizar el avance a nivel mundial hacia la igualdad de género. También se incluye un análisis sobre cómo se implementan en la práctica las leyes que influyen en el empoderamiento económico de las mujeres, donde se enfatiza la diferencia entre las leyes que figuran en los códigos y la realidad que viven las mujeres

Una de las principales conclusiones que se desprende del documento es que solo 12 países, todos integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tienen paridad jurídica entre los géneros. Sin dudas, el camino por recorrer es largo y aún queda mucho hacer. Sin embargo, a pesar del efecto desproporcionado que la pandemia mundial ha generado en la vida y los medios de subsistencia de las mujeres, la buena noticia es que, según la investigación, 23 países reformaron sus leyes en el 2021 y dieron pasos muy necesarios para promover la inclusión económica de las mujeres.

Otro dato que proporciona el informe del Banco Mundial es que, globalmente, el mayor número de reformas correspondió a los indicadores de parentalidad, remuneración y trabajo. Muchas modificaciones se centraron en la protección contra el acoso sexual en el trabajo, la prohibición de la discriminación por razones de género, la extensión de la licencia remunerada para los nuevos padres y madres, y la eliminación de las restricciones laborales para las mujeres. Los indicadores de remuneración y parentalidad muestran los puntajes promedio más bajos del índice, pero durante el último año se elevaron en 0,9 y 0,7 puntos, respectivamente, y alcanzaron promedios de 68,7 y 55,6. Los avances en el indicador de parentalidad se han referido en gran medida a la licencia por paternidad y a la licencia parental compartida, pero su baja puntuación destaca la necesidad de acelerar las reformas en esta área. El estudio también indica que, en 2021 las regiones de Oriente Medio y Norte de África y África al sur del Sahara mostraron las mejoras más significativas en el índice de La Mujer, la Empresa y el Derecho, aunque continúan rezagadas en términos generales con respecto a otras partes del mundo.

Carmen Reinhart, Vicepresidenta Sénior y Economista en Jefe del Grupo Banco Mundial expresó al respecto:  "Las mujeres no pueden lograr la igualdad en el lugar de trabajo si están en una posición desigual dentro del hogar. Eso implica lograr condiciones equitativas y asegurarse de que el hecho de tener hijos o hijas no impida a las mujeres participar plenamente en la economía y hacer realidad sus esperanzas y aspiraciones".

La maternidad es uno de los temas más complejos a la hora de abordar la desigualdad de género en el plano de los derechos económicos. Por un lado, la desigual división de las tareas domésticas y de cuidados impacta en las trayectorias laborales de las mujeres y, por el otro, las licencias por maternidad son otra gran traba. Las leyes que promueven la licencia remunerada para los padres pueden reducir la discriminación en el lugar de trabajo y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Al respecto, la investigación explica que, en todo el mundo, 118 economías garantizan 14 semanas de licencia remunerada para las madres. Más de la mitad (114) de las economías analizadas estipulan una licencia remunerada para los padres, pero la duración promedio es de solo una semana. Armenia, Suiza y Ucrania incorporaron la licencia remunerada por paternidad. Colombia, Georgia, Grecia y España, además, establecieron la licencia parental remunerada, que ofrece a ambos progenitores algún tipo de licencia pagada para cuidar al niño o niña después del nacimiento.

Esta edición también examina cómo funcionan en la práctica los indicadores de La Mujer, la Empresa y el Derecho en 25 economías. Se trata de un análisis de los esquemas de implementación de las leyes que revela una brecha significativa entre la legislación que figura en los códigos y el funcionamiento legal. Las leyes por sí solas no son suficientes para lograr mayor igualdad de género: entran en juego no solo su implementación y cumplimiento, sino también las normas sociales, culturales y religiosas.

La novedad del informe publicado este año por el Banco Mundial es que se realizaron estudios piloto en dos nuevas áreas: el entorno jurídico referido a los servicios de cuidado infantil y la implementación de las leyes. En primer lugar, se observa que un número creciente de economías están invirtiendo en el cuidado infantil con el fin de mejorar sus habilidades y reconocer el trabajo no remunerado que desempeñan las mujeres, quienes suelen asumir una mayor cantidad de tareas de cuidado. En esta investigación piloto se analizó la legislación de 95 economías y se observó que la mayoría de las economías de ingreso alto de la OCDE y de Europa y Asia central regulan servicios públicos de cuidado infantil, mientras que en Oriente Medio y Norte de África y en Asia meridional, las normas obligan al sector privado o a los empleadores a brindar servicios de cuidado para los hijos o las hijas de sus trabajadores.

En segundo lugar, para que el cuidado infantil resulte más asequible y se utilice ampliamente, algunos países ofrecen apoyo financiero a las familias o a los proveedores de estos servicios. En esta investigación, también, se analizaron varios aspectos referidos a la calidad de las prestaciones que están sujetos a regulación, como la proporción de maestros por niño, el tamaño máximo de los grupos, los requisitos de capacitación para los docentes y las exigencias que deben cumplir los proveedores de estos servicios en relación con las licencias, las inspecciones y la presentación de informes. Es necesario recabar más evidencias sobre lo que constituye un servicio de buena calidad y sobre los aspectos de la calidad que podrían determinar que las familias utilicen estas prestaciones.

Algunos de los aspectos regionales destacados por el estudio muestran las economías avanzadas continúan logrando avances en los indicadores de género. Según los datos recabados por el Banco Mundial Grecia, España y Suiza reformaron sus leyes en el 2021, todas centradas en mejorar la licencia remunerada para los nuevos padres y las nuevas madres. Doce economías avanzadas, son las únicas economías del mundo que obtienen una puntuación de 100: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Portugal, España y Suecia.

Por su parte, la región de Europa y Asia central es la segunda región con mayor puntuación, obteniendo un puntaje promedio de 84,1. Aquí, cuatro economías implementaron reformas el año pasado. Armenia, Ucrania y Georgia introdujeron la licencia de paternidad remunerada. Ucrania también equiparó las edades en las que los hombres y las mujeres pueden jubilarse con pensión completa. Chipre permitió a las mujeres solicitar pasaporte de la misma manera que los hombres. Siguen existiendo importantes desafíos en las áreas de remuneración y jubilación, las cuales tienen las puntuaciones promedio más bajas en esta región. Por ejemplo, casi la mitad de las economías en Europa y Asia central no tienen disposiciones legales que exigen la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, y las edades para jubilarse con pensión completa son aún desiguales en 17 economías.

Finalmente, en América Latina y el Caribe, las mujeres acceden a menos de tres cuartas partes de los derechos legales que se otorgan a los hombres. De las 32 economías de la región, dos promulgaron reformas el año pasado. Argentina contabilizó explícitamente los períodos de ausencia por cuidado infantil en las prestaciones de jubilación. Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en introducir la licencia parental remunerada, con el objetivo de reducir la discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo y solo la mitad de las economías de la región garantizan algún tipo de licencia remunerada para los padres.

A un día de celebrarse el día internacional de la mujer (8 de marzo) este informe denuncia que los derechos económicos son aún hoy un privilegio de la mitad de la población, los hombres. Pasa el tiempo y aún los derechos pendientes por alcanzar son muchos. En palabras Mari Pangestu, Directora Gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial: "Si bien se han logrados avances, a nivel mundial la brecha entre los ingresos esperados tanto de hombres y mujeres a lo largo de su vida es de USD 172 billones, casi dos veces el producto interno bruto (PIB) anual del mundo. A medida que avanzamos hacia un desarrollo verde, resistente e inclusivo, los gobiernos deben acelerar el ritmo de las reformas legales, para que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial y beneficiarse de manera plena y equitativa".

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