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El último informe elaborado por un Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y medio ambiente advierte que la contaminación mata nueve millones de personas al año, el doble que el COVID-19. La investigación revela la existencia de “zonas de sacrificio” medioambientales, lugares cuyos residentes sufren consecuencias devastadoras para su salud y ven violados sus derechos por vivir en focos de polución y zonas altamente contaminadas. Los datos que se desprenden del estudio son impactantes: una de cada seis muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la contaminación, una cifra que triplica la suma de las muertes por sida, malaria y tuberculosis y multiplica por 15 las muertes ocasionadas por las guerras, los asesinatos y otras formas de violencia.
La contaminación, más peligrosa que la pandemia

La contaminación se ha cobrado más vidas que la pandemia de coronavirus. Lo paradójico es que, para contener la pandemia el mundo entero se unió en pos de un mismo objetivo, sin embargo, en el caso de la contaminación ambiental la respuesta no es la misma. Creemos que la contaminación es inofensiva para la salud humana, pues no. Lo cierto es que nos estamos envenenando y destruyendo el planeta. De hecho, una de cada seis muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la contaminación, una cifra que triplica la suma de las muertes por sida, malaria y tuberculosis y multiplica por 15 las muertes ocasionadas por las guerras, los asesinatos y otras formas de violencia extrema ¿Qué estamos esperando para actuar?

Recientemente, se ha publicado el último informe elaborado por David Boyd, relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. La investigación asegura que la intoxicación de la Tierra se intensifica, sin que ello sea motivo de atención por parte de la opinión pública. El mensaje es claro: La contaminación atmosférica es el mayor contribuyente ambiental a las muertes prematuras, al causar unos siete millones de ellas cada año.

El informe sobre el derecho a un medio ambiente no tóxico donde las personas puedan vivir, trabajar, estudiar y jugar en condiciones de seguridad es el sexto de una serie de informes temáticos que abordan los elementos sustantivos del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible: el aire puro, un clima seguro, la biodiversidad y los ecosistemas saludables, el agua potable en cantidad suficiente y los alimentos sanos y sostenibles. La situación es realmente grave y no estamos a la altura de las circunstancias. Mientras que la emergencia climática, la crisis mundial de la biodiversidad y la pandemia de acaparan los titulares, la devastación que la contaminación y las sustancias peligrosas causan en la salud, los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas sigue sin suscitar a penas atención. Sin embargo, la contaminación y las sustancias tóxicas causan al menos 9 millones de muertes prematuras, el doble del número de muertes causadas por la pandemia de COVID-19 durante sus primeros 18 meses.

La investigación menciona algunos de los problemas medioambientales más críticos para el planeta: el envenenamiento; las sustancias peligrosas; la polución y la existencia de zonas de sacrificio. En primer lugar, el relator denuncia que, cada año, se emiten o vierten cientos de millones de toneladas de sustancias tóxicas al aire, el agua y el suelo. La producción de sustancias químicas se duplicó entre 2000 y 2017, y se espera que se duplique de nuevo para 2030 y se triplique para 2050, produciéndose la mayor parte del crecimiento en los países no miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el resultado de este crecimiento será un aumento de la exposición a los riesgos y un empeoramiento de las repercusiones para la salud y el impacto ambiental.

En segundo lugar, las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas son un grupo de miles de sustancias químicas de extendido uso en aplicaciones industriales y de consumo, como las espumas para sofocar incendios y los revestimientos hidrófugos y lipófobos para textiles, papel y utensilios de cocina. Se les conoce como “sustancias químicas eternas” (forever chemicals) debido a su persistencia en el medio ambiente. Boyd detalla que otras formas de contaminación más conocidas proceden de la extracción, el procesamiento, la distribución y la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que producen ingentes volúmenes de contaminación y sustancias químicas tóxicas. Los combustibles fósiles son también la principal materia prima de las industrias petroquímica y del plástico, altamente contaminantes. La agricultura industrial contamina el aire, el agua, el suelo y la cadena alimentaria con plaguicidas, herbicidas, fertilizantes sintéticos y medicamentos peligrosos.

En tercer lugar, el informe especial indaga sobre la gravedad y nocividad de la polución inminente. Los contaminantes tóxicos son omnipresentes hoy en día, hallándose desde las más altas cumbres del Himalaya hasta las profundidades de la Fosa de las Marianas. Los seres humanos están expuestos a sustancias tóxicas a través de la respiración, los alimentos y la bebida, por contacto con la piel y a través del cordón umbilical en el vientre materno. Además, todas esas sustancias tóxicas están relacionadas con los otros dos aspectos de la triple crisis ambiental mundial: la emergencia climática y el declive de la biodiversidad.

En cuarto lugar, el documento de Naciones Unidas profundiza sobre lo que denomina “zonas de sacrificio”. Se trata de sitios contaminados que suelen encontrarse en comunidades desfavorecidas cuyas comunidades están expuestas a niveles extremos de contaminación y sustancias tóxicas. En la actualidad, por zona de sacrificio puede entenderse un lugar cuyos residentes sufren consecuencias devastadoras para su salud física y mental y violaciones de sus derechos.  “El hecho de que sigan existiendo zonas de sacrificio es una mancha en la conciencia colectiva de la humanidad. Creadas a menudo con la connivencia de Gobiernos y empresas, las zonas de sacrificio están en contradicción directa con el desarrollo sostenible y menoscaban los intereses de las generaciones presentes y futuras. Las personas que habitan las zonas de sacrificio viven explotadas, traumatizadas y estigmatizadas. Se las trata como si fueran desechables, se ignora su voz, se excluye su presencia en los procesos de toma de decisiones y se pisotean su dignidad y sus derechos humanos. Las zonas de sacrificio existen en los Estados ricos y pobres, en el Norte y en el Sur”, explica Boyd.

Pero la contaminación no es casual. Sus responsables tienen nombres y apellidos. El relator denuncia que la contaminación es también una cuestión de justicia social, o más bien, de injusticia social.  Aunque todos los seres humanos están expuestos a la contaminación y a las sustancias químicas tóxicas, hay indicios convincentes de que la carga de la contaminación recae de forma desproporcionada sobre las personas, los grupos y las comunidades que ya soportan el peso de la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica. Los países de ingreso bajo y mediano son los más afectados por las enfermedades relacionadas con la contaminación, pues representan casi el 92 % de las muertes por esta causa. Además, más de 750.000 trabajadores mueren anualmente debido a la exposición a sustancias tóxicas en el entorno laboral, entre ellas la materia particulada, el amianto, el arsénico y los gases de escape de motores diésel.

El informe explica que la gestión de desechos sin las debidas condiciones de seguridad, en particular el vertido, la combustión al aire libre y el procesamiento informal de desechos electrónicos, baterías de plomo y plásticos, expone a cientos de millones de personas del Sur Global a cócteles químicos, como son los pirorretardantes bromados, los ftalatos, las dioxinas, los metales pesados, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el bisfenol A. Asimismo, las mujeres, los niños, las minorías, las personas migrantes, los pueblos indígenas, las personas de edad y las personas con discapacidad son potencialmente vulnerables, por diversas razones económicas, sociales, culturales y biológicas. Los trabajadores, especialmente en los países de ingreso bajo y mediano, están en situación de riesgo debido a la elevada exposición en sus puestos de trabajo, las malas condiciones laborales, el escaso conocimiento de los riesgos químicos y la falta de acceso a la atención de la salud. Y millones de niños trabajan en sectores potencialmente peligrosos como la agricultura, la minería y el curtido, mientras que existen viviendas sociales con presencia de amianto, plomo, formaldehído y otras sustancias tóxicas.

Pero la injusticia es doble: no sólo las personas que habitan países con economías más venerables se ven más perjudicados, sino que además no son las empresas de sus países las culpables. El informe expone con claridad que muchas de las injusticias ambientales son transnacionales, ya que el consumo en los Estados ricos tiene graves consecuencias para la salud, los ecosistemas y los derechos humanos en otros Estados. Concretamente, los Estados de ingreso alto siguen exportando irresponsablemente materiales peligrosos, como plaguicidas, desechos plásticos, desechos electrónicos, aceite usado y vehículos desechados, junto con los riesgos sanitarios y ambientales que acarrean, a países de ingreso bajo y mediano, aprovechando que estos países suelen tener una reglamentación menos estricta y su aplicación es limitada.

Finalmente, Boyd denuncia la responsabilidad de las empresas en la contaminación e insta al sector privado y público trabajar en conjunto por la protección del planeta y de las personas. Para el relator, las empresas deberían actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente y respetar los derechos humanos en todos los aspectos de sus operaciones, pero asegura que hay innumerables ejemplos de empresas que violan el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible generando contaminación o exponiendo a la población a sustancias tóxicas. Las empresas también son responsables de la limpieza y rehabilitación de las comunidades, las tierras, las aguas y los ecosistemas contaminados por sus operaciones.

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