En España, las personas jóvenes son, junto con las y los niños, el grupo de edad en mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Concretamente, una de cada cuatro personas menores de 30 años vive por debajo del umbral de pobreza en nuestro país. Detrás del problema se esconden un mercado laboral disfuncional y un sistema de protección social que no hace lo suficiente por ellas, y que aboca a toda una generación a la precariedad. No sólo existe la precariedad en los contratos de trabajos menos calificados, sino también en aquellos que requieren de una alta cualificación. Jóvenes con másters y doctorados trabajando con contratos en prácticas o con sueldos por debajo de lo que correspondería a su nivel de formación es lo más frecuente de encontrar en nuestro país.
Para analizar esta compleja situación que afronta desde hace años nuestro país Oxfam Intermón ha publicado un nuevo informe titulado: “Tiempo de precariedad”. Este advierte que en España, la mayoría de la población joven tiene contratos precarios que la abocan a una elevada vulnerabilidad y pobreza laboral. Se trata ciertamente de una generación en riesgo de pobreza.
Los datos que arroja el estudio son una radiografía de una problemática de la cual poco se habla y que está cada vez más naturalizada. El 87,7 por ciento de la población menor de 35 años que entró en el mercado laboral durante los meses previos al estallido de la COVID-19 lo hizo mediante un contrato temporal. Además, los expertos de Oxfam señalan que este panorama viene empeorando desde hace más de una década con la reducción de la contratación indefinida, el aumento de los contratos de corta duración y el despunte del contrato más precario, el temporal parcial, que ha pasado de representar el 27,6 por ciento en 2008 al 36,1 por ciento en 2020 para la población trabajadora de 16 a 34 años.
Otro de los principales problemas vinculados a la precariedad es el despido masivo de personas con contratos temporales. Este, denuncia la investigación, se ha convertido en una forma habitual de gestión de la incertidumbre económica durante las crisis: entre febrero y junio de 2020, durante los meses más duros de la pandemia, más de 7 de cada 10 puestos de trabajo destruidos correspondieron a contratos temporales. Debido a su sobrerrepresentación en la temporalidad, 6 de cada 10 empleos destruidos fueron de menores de 30 años. Aunque los datos publicados hasta septiembre de 2021 nos indican una recuperación del empleo juvenil a niveles próximos a la irrupción de la pandemia, el problema de fondo persiste.
Franc Cortada, director de Oxfam Intermón señala que: “La temporalidad en España no es solo excesiva, sino que es hoy peor que hace más de una década. Vemos como la duración media de un contrato temporal es de 54 días, mientras que en 2011 era de 69 días. Más de la mitad de los contratos de menos de 7 días de duración firmados este año corresponden a menores de 35 años. Y no todo lo podemos justificar por la pandemia, ya que antes de ésta más de uno de cada cuatro contratos firmados no sobrepasaba la semana de duración”.
Los datos más recientes muestran que en el tercer trimestre de este año y según un análisis realizado por la organización de los datos de la encuesta de población activa (EPA), la temporalidad afecta a prácticamente 8 de cada 10 jóvenes asalariados menores de 24 años, cuadruplicando la tasa de temporalidad de los mayores de 35. Estas cifras sitúan a España como el país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad, casi duplicando la media comunitaria para 2020 y superando en 5 puntos porcentuales a Portugal, que se sitúa segundo en la lista.
España no se distingue únicamente por sus elevadas tasas de desempleo. También lo hace por su elevada precariedad laboral. Los principales rasgos de esta precariedad son la baja intensidad laboral, la alta rotación y los bajos salarios. Detrás de este cóctel de malos empleos encontramos, entre otras causas, una excesiva temporalidad. Este aspecto ha sido señalado desde hace décadas como uno de los principales desafíos del mercado laboral, sin que ninguna de las reformas implementadas hasta la fecha haya logrado reducirla.
A la vista está que el problema requiere de soluciones urgentes. Se trata de una generación que se está perdiendo. Jóvenes que han pasado sus años más productivos estando más tiempo en paro que activos. ¿Cuánto más deberemos esperar para que alguien haga algo? Oxfam Intermón demanda medidas ambiciosas para reducir la tan nociva cultura de la temporalidad, como una de las mejores políticas para acabar con la precariedad juvenil. Resulta fundamental introducir cambios legislativos que limiten el uso generalizado e injustificado de las relaciones laborales de corta duración para dar horizontes de futuro más prósperos a las personas jóvenes y, con ello, al conjunto del país.
Cabe destacar que no todas las personas jóvenes son igual de vulnerables a padecer los efectos de la precariedad en el mercado laboral. Determinados condicionantes relacionados con el género, el origen y el nivel de estudios acaban por determinar la calidad del empleo de este grupo de edad. Otro aspecto fundamental que señala la investigación es que la anómala temporalidad del mercado español condena a quienes la padecen a vidas más inestables y con menos ingresos. En este sentido, desde un análisis interseccional, las personas de bajos estudios y las mujeres son las más afectadas.
En primer lugar, el nivel de estudios representa la mayor desigualdad entre las personas jóvenes: el 57,5 % de las personas de entre 25 y 34 años empleadas en una ocupación de baja cualificación tiene un contrato temporal. Este porcentaje aumenta hasta el 76,4 % para las menores de 24. Además, las características sociales y económicas del hogar en el que nacemos también determinan nuestras oportunidades académicas y, por tanto, nuestra vulnerabilidad ante la precariedad laboral. En los hogares en los que la madre tiene estudios superiores, sus hijos e hijas tienen un 82 por ciento de probabilidades de alcanzar ese mismo nivel de estudios. Por el contrario, esto ocurre solo 1 de cada 3 veces si la madre tiene estudios de nivel bajo.
Por su parte, la desigualdad en este ámbito golpea más fuerte a las mujeres que a sus pares varones: desde las edades más tempranas de incorporación a la vida laboral, las condiciones de precariedad son más intensas para las mujeres que para los hombres: la tasa de parcialidad es mucho más elevada en mujeres de entre 20 y 29 años que en hombres de la misma edad con niveles de estudio y experiencia equivalentes: 37,1 por ciento y 24,7 por ciento, respectivamente. Esto se traduce en menos intensidad laboral, mayor inestabilidad y menor salario. Junto al género, haber nacido en un país extranjero es otro de los condicionantes que empuja a algunas personas jóvenes hacia una mayor precariedad laboral.
La gravedad de esta problemática no radica, únicamente, en las condiciones que padecen las y los jóvenes hoy, sino que, como advierten los expertos de Ofam, se trata de un problema que traerá mayores complicaciones a largo plazo. La precariedad prolongada en los primeros años de vida laboral tendrá además consecuencias muy dañinas en los años venideros: desempleo más alto, mayores tasas de temporalidad y sueldos más bajos en la vida adulta. Estas desigualdades crecientes en las generaciones más jóvenes y la amenaza de cronificarse, nos obligan a cuestionarnos qué proyecto de país estamos construyendo.
A pesar de que el panorama se ve oscuro, el informe concluye que aún estamos a tiempo de corregir la tendencia hacia un país más desigual mediante reformas que devuelvan la calidad del empleo al conjunto de la población trabajadora y, en especial, a quien más sufre la precariedad. Según Oxfam Intermón, hay medidas desde el ámbito legislativo que podrían ayudar a mejorar la situación. Estas deben de fomentar un uso excepcional de la temporalidad, lo que pasa por especificar claramente cuándo se puede usar y cuándo no. Así mismo, la organización plantea otras recomendaciones, como el uso de los fondos Next Generation de la Unión Europea para aumentar el peso en la economía de sectores de mayor valor añadido y aprovechar las oportunidades que ofrecen la transición energética y la digitalización para crear oportunidades de trabajo para las personas trabajadoras jóvenes.Por último, señala que la negociación que está en marcha entre sindicatos, patronal y Gobierno en este momento y que ha de concluir en una reforma laboral que aborde un nuevo marco de modalidades contractuales brinda una oportunidad de oro para reducir la precariedad en España.
