Más de 530 organizaciones de la sociedad civil y del tercer sector hicieron pública una carta abierta dirigida al presidente y a las tres vicepresidentas del gobierno de nuestro país, pidiendo que se cumpla con el compromiso adquirido de llevar a cabo una Ley de Debida Diligencia que proteja el planeta y las personas.
Organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables alertan sobre la falta de acción del Gobierno español en materia de DD.HH y medioambiente

Ya no hay tiempo que esperar para actuar en defensa del planeta y de las personas. La emergencia climática, agravada por el accionar del sector privado, es una problemática que debemos resolver. Conscientes de esto, Organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables han instado al Gobierno español a que aborde sin dilación y antes del fin de esta legislatura, el compromiso adquirido de llevar a cabo una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales.

La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por las siguientes organizaciones: Alboan, Anesvad, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Coordinadora de ONGD (550 organizaciones), Coordinadora Estatal de Comercio Justo (31 organizaciones), Economistas sin fronteras, Enlázate por la Justicia (6 organizaciones), Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC (12 organizaciones), Oxfam Intermón y USO.

Hace ya cuatro años que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas mostró su preocupación por los vacíos del ordenamiento jurídico español y recomendó a España adoptar medidas legislativas en este sentido. Ante la falta de acción concreta las empresas que forman parte de la plataforma, acompañadas por más de 530 entidades sociales, manifestar su preocupación mediante  una carta abierta.

Esta se encuentra dirigida al presidente y a las tres vicepresidentas del gobierno y expresa la preocupación por la falta de acción del ejecutivo en emprender una ley que establezca la obligación a las empresas españolas de respetar los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor y que asimismo garantice el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Tanto los partidos del gobierno de coalición, que incluyeron en sus programas electorales la promesa de una ley este tipo, como el propio gobierno español, han hecho especial énfasis en la implicación activa del sector privado en la defensa y promoción de los derechos humanos y el cumplimiento del principio de debida diligencia, empero, las promesas sólo permanecen en el papel. Hasta la fecha los socios de gobierno no parece que estén trabajando en este sentido y se desconocen los pasos concretos para presentar un borrador de ley.

La Plataforma por las Empresas Responsables aboga por una ley que además de establecer la obligación de que las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor, asegure mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.  Isabel Tamarit, portavoz de la Plataforma por las Empresas Responsables declaró que: “En la actualidad hay empresas en España que de manera voluntaria abordan este enfoque en su modelo de negocio y de gestión, pero siguen siendo una minoría. La ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por la gestión negligente de los derechos humanos y los impactos ambientales en las cadenas de valor globales significa que hay pocos incentivos para que las empresas aborden esos impactos”.

España no puede quedarse atrás en la Unión Europea. Es importante recordar que países como Francia, Alemania y Noruega ya han aprobado legislación de debida diligencia y otros como Luxemburgo, Austria, Bélgica y Holanda tienen procesos legislativos en marcha. También antes del fin de 2021 la Comisión Europea publicará el primer borrador de directiva de “Gobierno Corporativo Sostenible” que regulará la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales y que será obligatoria para las empresas europeas.

Este contexto internacional brinda la oportunidad a España de convertirse en referente en el liderazgo y la promoción de los derechos humanos, haciendo de ello un carácter distintivo de las empresas españolas en el exterior. Para ello, afirman referentes de la Plataforma de Empresas Responsables, nuestro país debe abordar sin dilación, antes del fin de esta legislatura, la promesa de llevar a cabo una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales e implementar así la recomendación de las Naciones Unidas.

¡Comparte este contenido en redes!

Síguenos

Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook
Top