Con motivo del día de las Microfinanzas y las pequeñas y medianas empresas que se celebra el próximo domingo 27 de junio, Spainsif ha realizado un Coloquio ISR que ha contado con representantes de Afi, Caja de Ingenieros, ICO, ICREF, el Pacto Mundial de Naciones Unidas en España y ST Consultores.
Canalizar financiación de capitales con criterios ASG es central para la PYME

El próximo domingo, día 27 de junio, se celebra el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. Con este motivo, Spainsif ha celebrado un Coloquio ISR sobre el estado de la inversión sostenible y responsable para este tipo de entidad en España. Al coloquio asistieron representantes de Afi (Verónica López), Caja de Ingenieros (David Murano), ICO (Silvia Fernández), ICREF (Nicolás Gonzálvez), el Pacto Mundial de Naciones Unidas en España (Javier Molero) y ST Consultores (Mario Vicente).

La sostenibilidad es un elemento central actualmente para la gran mayoría de las empresas. En ese escenario, el sector privado se encuentra en plena adaptación a la internalización de las consecuencias ambientales y sociales del modelo productivo. En esa transición hacia economías inclusivas y neutras en carbono es esencial canalizar capitales con criterios de sostenibilidad a todas las capas del tejido empresarial. En el caso del mercado español, es destacable la figura de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que, a pesar de aportar el 65% del Producto Interior Bruto nacional y el 75% de los puestos de trabajo, presentan características de heterogeneidad o tiempo esperado de supervivencia que pueden estar ralentizando su transformación.

Durante el evento se explicó que en cuanto a soluciones de mercado que apoyan la financiación sostenible a la PYME, existen diferentes instrumentos que canalizan la inversión con criterios ASG a la pequeña y mediana empresa desde iniciativas públicas, privadas y mixtas. Entre las iniciativas públicas destaca la existencia de fondos de financiación que ofrecen un alto grado de flexibilidad para llegar a todos los rangos de PYMES, aplicando diferentes productos y condiciones en un modelo progresivo marcado por el compromiso de la empresa y su proyecto con la sostenibilidad de proyectos ASG.

Resulta vital resaltar que la Administración Pública puede ser palanca para amortiguar el riesgo de los recursos dedicados a la transformación sostenible, tanto para el inversor sostenible como para la PYME, así como hacer una labor fundamental para fomentar la adopción del vocabulario y de metodologías que permitan la divulgación de información de sostenibilidad. Además, promueve la profesionalización y desarrollo de líneas complementarias a la financiación bancaria como el crowdfunding, el crowdlending o los business angels.

Por otro lado, en cuanto a las soluciones de mercado privadas, se ponen en marcha líneas de productos que ofrecen una tasa de interés preferente a todos aquellos proyectos con objetivos ambientales y/o sociales. Por último, en relación a las alternativas de naturaleza mixta, a través de la colaboración entre las instituciones públicas y privadas (blended finance), emerge la figura de los fondos de inversión privados o de capital riesgo combinados, donde el capital privado es atraído a través del respaldo de las instituciones públicas, que permiten condiciones preferentes al sector privado.

Otro aspecto importante que se abordó durante el coloquio fue que, ante la falta de recursos de la PYME en comparación con los grandes operadores de mercado, cobra protagonismo la capacidad de replicar buenas prácticas y de alinear los objetivos clásicos de rentabilidad con el incremento de la sostenibilidad en las actividades de la empresa. En este contexto, surge el concepto de PYME que nace con un propósito de generar un impacto ambiental y social positivo, que la hace idónea para canalizar capitales sostenibles, independientemente de su tamaño.

Sin embargo, pese a esta tipología de PYME de impacto, el grueso de pequeñas empresas en España sigue modelos de negocio convencionales. De esta forma, el enfoque de los instrumentos no ha de centrarse únicamente en los casos singulares, sino aunar las necesidades de todos los tipos de empresa, potenciando e incentivando que todas avancen en la transición sostenible. Este proceso de transformación, que ha de ir de la mano de las actuaciones del sector público y privado, es considerado como una medida de resiliencia de la que, a medio y largo plazo, saldrán beneficiados todos los agentes de la economía.

Finalmente, se hizo hincapié en la idea acerca de que el estado de la divulgación de información sobre sostenibilidad en la PYME debe mejorar para obtener mejores resultados. En este sentido se afirmó que, para que el sector financiero alcance ese potencial, es necesario que cuente con información sobre el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG) de las PYMES. Pese a los avances normativos, obtener información de sostenibilidad comparable y de calidad es una tarea compleja. De acuerdo con los datos más recientes del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, el 22% de las empresas españolas encuestadas desarrollan una memoria de sostenibilidad alineada con la Directiva de Información No Financiera aún vigente; de los cuales el 69% se trata de grandes empresas, un 7% PYMES y un 2% autónomos.

Según los expertos, la principal barrera a la hora de generar nueva información no financiera en las PYMES es el sobrecoste que implica, de manera más acentuada en momentos de crisis como la situación post-COVID. Dicho sobrecoste engloba, entre otros recursos, las necesidades de formación y capacitación técnica para empleados en sostenibilidad. En este contexto, la Comisión Europea ha propuesto recientemente la reforma de la Directiva de Divulgación de Información No Financiera, que pasaría a llamarse Directiva de Divulgación de Información de Sostenibilidad (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD). Entre sus novedades se encuentran una mayor cobertura, incluyendo a empresas de más de 250 empleados (pasaría de abarcar 11.600 a 49.000 empresas en Europa), y normas simplificadas orientadas a las PYMES, de cumplimiento voluntario salvo en el caso de las empresas cotizadas, y bajo el principio de proporcionalidad.

Esta fórmula tiene en cuenta la viabilidad económica de la empresa y, a su vez, puede resultar clarificadora, comparable y ayudar al efecto arrastre en las cadenas de suministro de las grandes empresas. No obstante, a la hora de diseñar productos de inversión sostenible en PYMES, conviven dos realidades distintas en el espectro regulatorio europeo: por un lado, la exigencia de granularidad de la información de sostenibilidad de los servicios financieros del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) y la Taxonomía verde para productos de inversión y gestoras de activos; y, por otro, la propuesta de estándares simplificados para las PYMES.

 

 

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