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La Red D-WISE, liderada por Fundación ONCE, ha expuesto ante Parlamentarios Europeos el rol fundamental que tiene la economía social en la búsqueda de mayor inclusión en el empleo para personas con discapacidad.

El papel central que cumple la economía social en la generaación de empleo para las personas con discapacidad ha sido el eje del debate de la jornada organizada por las europarlamentarias Estrella Durá y Alicia Homs bajo el titulo ¿Cuál es el futuro de las empresas inclusivas?”, y en el que ha tenido un papel importante la red D-WISE que lidera Fundación ONCE. Durante la misma, se exploró la conexión entre la economía social y las autodenominadas empresas inclusivas. Así, se puso de manifiesto los distintos tipos de empresas que dan empleo a personas con discapacidad, con un particular énfasis en las empresas de economía social y en dichas “empresas inclusivas”.

La Red D-WISE, liderada por Fundación ONCE con cofinanciación del Fondo Social Europeo, cuenta con socios de seis países de la UE, así como entidades europeas representantes de la discapacidad, el empleo y la economía social. En su misión se encuentra el apoyo al desarrollo de políticas en favor de las empresas sociales inclusivas con las personas con discapacidad, mediante la investigación y la puesta en común de criterios de calidad en el empleo.

Tras la exposición, fue común el acuerdo acerca de la necesidad de garantizar un estándar estricto de calidad del empleo para personas con discapacidad, incluidas aquellas personas que trabajan en centros de empleo protegido, el formato que en España se denomina Centro Especial de Empleo (CEE). Los panelistas mostraron un consenso claro en cuanto a que las disposiciones del Artículo 27 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no son negociables y, en que los estándares de calidad (como son el salario mínimo, representación sindical, seguridad social o la capacidad para la transición de un modelo de empleo a otro) deben respetarse en todo momento.

Asimismo, la mayoría de los ponentes hicieron hincapié en que, al contrario que en otro tipo de iniciativas empresariales, las empresas de la economía social están bien definidas tanto por las políticas como por la práctica en todos los Estados Miembros. Aunque existen algunas variaciones en cada país, las empresas de economía social se guían por los mismos valores y características fundamentales. En este sentido se subrayaron el predominio de los objetivos sociales sobre los beneficios económicos de la empresa, una gestión democrática y la reinversión de las ganancias generadas en los trabajadores y la sociedad mediante iniciativas sociales como principios fundacionales clave para las empresas de economía social.

Interviniendo en nombre de la red D-WISE, Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo, Operaciones y Transformación de la Fundación ONCE y Directora General de Inserta, presentó el concepto de D-WISE como el cruce entre el modelo de economía social y la habilidad de dar empleo a las personas con discapacidad. Estos prismas dobles son aún más importantes en la actualidad, si cabe, ya que la tasa de empleo de las personas con discapacidad se ha visto gravemente afectada por la pandemia del COVID-19 y la crisis derivada.

En esta misma línea, Víctor Meseguer, director de Social Economy Europe, y Pepa Torres, directora de FEACEM, reafirmaron a los europarlamentarios presentes en el evento los criterios que tiene que cumplir una empresa para ser considerada como una empresa de la economía social, exponiendo que las definiciones básicas están recogidas en diferentes políticas. Ahora el próximo Plan de Acción de Economía social tendrá que promover este modelo que ha demostrado que tiene excelentes resultados empleando y dando oportunidades de emprender a las personas con discapacidad.

Asimismo, la mayoría de los intervinientes convinieron en la inadecuación del uso de conceptos ambiguos, como es el de “empresa inclusiva”, que, sin tener encaje legal en los contextos político-legislativos nacionales o europeos, puede llevar a difuminar y confundir los marcos en los que se encuadran y regulan las características y los criterios legislativos que se aplican a las empresas de la economía social.

Haydn Hammersley, del European Disability Forum, subrayó el valor añadido que crean las empresas de economía social que contratan a personas con discapacidad, tanto en términos de inclusión laboral como en términos de reinversión en la sociedad. Por su parte, Uta Deutschländer y Dany Drion de la Confederación Europea de Empresas Inclusivas (EuCIE), expresaron el compromiso de su sector en el respeto de los principios y obligaciones del Artículo 27 en lo que se refiere a la calidad del empleo para las personas con discapacidad. 

Las y los parlamentarios insistieron en la necesidad de utilizar las políticas y regulaciones para garantizar que los trabajadores con discapacidad se benefician de, al menos, las mismas condiciones de trabajo e indicadores de calidad del empleo que el resto de los ciudadanos. Además, pidieron a las instituciones y la sociedad civil que siguiesen fomentando modelos que, al mismo tiempo que crean oportunidades de empleo para los más vulnerables –lo que incluye a las personas con discapacidad- benefician al resto de la sociedad construyendo una sociedad más inclusiva y sostenible.

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