La perspectiva de género debería ser una mirada transversal a todas las políticas públicas. Incorporar la igualdad de género en los programas que se lleven adelante es esencial para lograr una sociedad más igualitaria. En este sentido, el Instituto para la Transición Justa y el Instituto de las Mujeres impulsarán de manera conjunta actuaciones de apoyo a las mujeres en el marco de elaboración de los Convenios de Transición Justa. El objetivo es fomentar el emprendimiento y mejorar su empleabilidad y sus condiciones de trabajo en los territorios afectados por la transición energética.
La empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres están en el centro de las políticas de transición justa

Lograr la igualdad de género es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y uno de los aspectos que se han puesto de manifiesto en la agenda pública en los últimos más años con mayor fuerza. Quizás la lucha contra el cambio climático y contra la desigualdad de género sean dos de los desafíos contemporáneos más urgentes.

En este contexto y con el objetivo de fomentar el emprendimiento y mejorar la empleabilidad y las condiciones de trabajo de las mujeres en los territorios afectados por la transición energética, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y el Instituto de las Mujeres (InMujeres) han firmado recientemente un protocolo para el desarrollo conjunto de actuaciones en el marco de la elaboración de los Convenios de Transición Justa. estáEl protocolo refleja el interés de ambos organismos por establecer un marco general de colaboración e intercambio de información para incentivar el papel activo de las mujeres en el ámbito de los Convenios de Transición Justa, de forma que se garantice su participación y su aportación al crecimiento económico sostenible, el bienestar social y el empleo en estas zonas. Ambos organismos trabajarán coordinadamente para garantizar el enfoque de género, tanto en las políticas públicas como en las iniciativas privadas que se desarrollen en el marco de los Convenios de Transición Justa y darán visibilidad a la aportación activa e igualitaria de las mujeres como agentes del cambio. 

El ITJ e InMujeres compartirán la información disponible para la elaboración de un diagnóstico de necesidades y ofrecerán apoyo técnico para facilitar la participación de las mujeres en la definición de los Convenios de Transición Justa. Luego, diseñarán herramientas de ayuda para fomentar el emprendimiento en iniciativas empresariales, sociales, ambientales, culturales o de cualquier otro tipo lideradas por mujeres.

El Instituto de las Mujeres facilitará el acceso a la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos Comunitarios y canalizará el contacto entre el movimiento asociativo de mujeres y el Instituto para la Transición Justa. Para realizar un seguimiento adecuado de este Protocolo se creará una Comisión Mixta que se reunirá cada seis meses.

Sin dudas, se trata de una propuesta realmente transformadora para la sociedad en su conjunto. Poder llevar a cabo propuestas que incorporen la perspectiva de género de manera trasversal es un gran desafío y este proyecto busca generar una sinergia entre ambos organismos para lograrlo.

El Instituto para la Transición Justa, Organismo Autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), trabaja para optimizar las oportunidades de actividad económica y empleo que surgen de la transición ecológica hacia una economía baja en emisiones de gases efecto invernadero. Su misión es identificar y adoptar medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y trabajadoras en los territorios que atraviesan esta situación de cambio, tal y como recoge la Estrategia de Transición Justa.

Para gestionar esta propuesta se pondrá en marcha la elaboración de un Convenio de Transición Justa en cada zona impactada. Su objetivo es proponer actuaciones integrales que logren el mantenimiento y creación de actividad económica y empleo en el territorio acompañando a los sectores productivos y colectivos en riesgo, adoptando medidas que fijen la población en zonas donde han estado ubicadas las minas de carbón o las centrales térmicas en cierre. También impulsando la diversificación y especialización de nuevas actividades económicas en coherencia con el contexto socioeconómico para garantizar su viabilidad y su mantenimiento a largo plazo.

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