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La vacunación masiva es la esperanza de que se acabe la pesadilla que estamos viviendo desde hace un año. Sin embargo, muchos gobiernos no están comprendiendo la importancia de que no solo una parte de la población se vacune, sino por el contrario, que sea de manera universal. A pesar del amplio apoyo ciudadano, los gobiernos del G7 siguen oponiéndose a una exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19.

Vacunarse debería ser un derecho y no un privilegio. Empero, esto no es entendido así en muchas latitudes. Mientras empresas trasnacionales y los grandes laboratorios del mundo están teniendo enormes ganancias, millones de personas singue muriendo de coronavirus porque sus países no pueden pagar por la vacuna. Una vez más, el virus de la indiferencia vuelve a atacar. La “Alianza Vacuna para el Pueblo” es un movimiento formado por organizaciones humanitarias, de salud y de derechos humanos, dirigentes y ex dirigentes mundiales, personas expertas en salud, líderes religiosos y economistas que abogan por la producción rápida y a gran escala de las vacunas contra la COVID-19, que deben considerarse un bien público global, estar exentas de las protecciones sobre la propiedad intelectual y estar disponibles de manera gratuita para todas las personas, en todo el mundo.

Esta organización insta a los y las dirigentes del G7 a apoyar la exención de las patentes de las vacunas en la reunión de los ministros y ministras de Asuntos Exteriores y Desarrollo que se celebrará hoy en Londres. Según una nueva encuesta de realizada por la Alianza, la inmensa mayoría de la población de los países del G7 cree que los gobiernos deberían garantizar que las empresas farmacéuticas compartan las fórmulas y la tecnología de sus vacunas.

Evidentemente, el problema no es de la ciudadanía sino de sus representantes. El estudio afirma que la mayoría de las personas consultadas considera que, si bien habría que compensar de forma justa a las empresas farmacéuticas por el desarrollo de las vacunas, debe evitarse que mantengan el monopolio sobre ellas. Una media del 70% de la población de los países del G7 quiere que su gobierno garantice la puesta en común del know-how de las vacunas, de acuerdo con el análisis de la Alianza Vacuna para el Pueblo. El mayor apoyo a la intervención del gobierno se da en Italia, donde el 82% de las personas encuestadas se declaraban a favor, seguido de Canadá, donde este porcentaje era del 76%. El apoyo también es mayoritario en los Estados miembros de la Unión Europea, con porcentajes que van del 70% en Alemania al 63% en Francia.

Pero la presión social aún no es suficiente. A pesar del apoyo generalizado a la puesta en común del know-how de las vacunas contra la COVID-19, los gobiernos del G7 han seguido sosteniendo el monopolio de las empresas farmacéuticas. Más de 100 países, liderados por India y Sudáfrica, han defendido en la OMC una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19, pero países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá y la UE han bloqueado esta propuesta.

Pesa a que ha habido diversos intentos de diálogo, hasta la fecha, las empresas farmacéuticas se han negado a compartir el know-how de sus vacunas con el resto del mundo. Ninguna de las empresas que han desarrollado una vacuna efectiva contra la COVID-19 se ha unido al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) de la OMS, una iniciativa creada para facilitar la puesta en común de los avances en vacunas y tratamientos.

Es urgente poder lograr que la vacunación sea entendida como un bien común y no como un privilegio. Cabe mencionar que este año, las empresas han repartido entre sus accionistas 26.000 millones de dólares en concepto de dividendos y recompra de acciones; esta cantidad bastaría para vacunar a al menos 1.300 millones de personas, el equivalente a la población de África. Las cifras duelen y mientras pasa el tiempo la pandemia sigue llevándose consigo vidas inocentes.

Anna Marriott, responsable de políticas de salud de Oxfam, ha declarado al respecto: “Mientras miles de personas mueren en los países de renta media y baja, los países ricos se han saltado la cola de las vacunas. Los y las dirigentes del G7 deben enfrentarse a la realidad. No tenemos vacunas suficientes para todo el mundo, y el principal obstáculo para incrementar el suministro es que unas cuantas empresas farmacéuticas ávidas de riqueza mantienen bajo llave los derechos para producirlas. Ya es hora de dictar una exención de los derechos de propiedad intelectual, aumentar la producción y poner la vida de la gente por delante de los beneficios. Es hora de que haya una vacuna para el pueblo”.

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