Las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se celebraron entre el 5 y el 11 de abril, giraron en torno a dos cuestiones: en primer lugar, cómo hacer frente a la escasez crónica de vacunas a nivel mundial, que está generando disputas comerciales y shocks económicos entre los países y, en segundo lugar, consensuar una nueva asignación de derechos especiales de giro (DEG).
Sobre estas discusiones, la ong Oxfam advierte que los países ricos deben abrir la puerta a la producción masiva de vacunas más baratas contra la COVID-19, para proteger a todas las personas del mundo y evitar una catástrofe económica que, según las previsiones más pesimistas, podría acarrear pérdidas de hasta 9 billones de dólares. Asimismo, dichas naciones deben llegar a un acuerdo para inyectar 650 000 millones de dólares más a la economía mundial, que permitan ayudar a los países pobres a hacer frente a los efectos de la pandemia, que ya son devastadores.
Expertos miembros de la organización sostienen que, en conjunto, ambas iniciativas supondrían un gran avance hacia la provisión de la protección en materia de salud pública y los estímulos económicos que todas las personas y países del mundo necesitan desesperadamente. Se impone la adopción de medidas urgentes, dado que el virus de la COVID-19 sigue propagándose, mutando y provocando muertes, además de causar estragos en la economía.
Ante esta preocupante situación, Oxfam insta a los miembros del FMI a no demorar más la emisión de 650 000 millones de dólares en DEG, una cantidad que permitiría a los países de renta baja prácticamente duplicar su gasto en atención de salud durante un año. Esta medida se acogería con satisfacción y supondría la culminación de la presión que tanto la sociedad civil como otros actores han ejercido sobre los miembros de este organismo para que hagan lo correcto.No obstante, Oxfam ha alertado de que el actual enfoque de producción y distribución de vacunas contra la COVID-19 dista mucho de lo que sería necesario.
Al respecto, Anna Marriott, responsable de salud pública de Oxfam, que forma parte de la People’s Vaccine Alliance, ha afirmado que: “Los países ricos están anteponiendo los intereses del sector farmacéutico a los de otras industrias, y a los del conjunto de la economía. Se trata de un raro acto de autodestrucción financiera y económica. Están condenando a todo el mundo, incluyendo a su propia ciudadanía, a sufrir las consecuencias.”
Los números hablan por sí solos: la Cámara de Comercio Internacional estima que, sobre la base de las tendencias actuales, la desigualdad en el acceso a las vacunas acarrearía, en el peor de los casos, pérdidas económicas por un valor de 9,2 billones de dólares a nivel mundial, y que los países ricos sufrirían la mitad de estas pérdidas. Sin embargo, estos mismos países ricos son algunos de los que ahora se oponen a los movimientos liderados por la India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para acabar con los monopolios de las grandes empresas farmacéuticas, una medida que contribuiría a que otras empresas productoras pudiesen producir masivamente más vacunas, y más baratas.
La situación es compleja y grave para el mundo entero, pero más aún para los países cuyas economías son más débiles. La desigualdad en el acceso a las vacunas afecta en mucha mayor medida a los países de renta baja y media. “Esto es un cruel recordatorio de que la desigualdad en el acceso a las vacunas tiene un impacto económico real en todas las personas, mientras nuestros dirigentes tienen la solución delante de las narices. Las personas más ricas están en mejores condiciones de hacer frente a estos costos, pero se prevé que todas las personas, en todos los países, tendrán que asumirlos y tendrán dificultades, sobre todo las personas más pobres”, ha dicho Marriott.
