Un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) muestra que 25 países de todas las regiones asignaron mayores partidas presupuestales al servicio de la deuda que a la educación, la salud y la protección social juntas en 2019.Además, advierte que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado el riesgo de una crisis de deuda de otras naciones.
Prioridades desordenadas: el pago de deuda no puede sobreponerse al gasto en salud

El pasado jueves 1 de abril se publicó el último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el cual señala que 25 países de todas las regiones asignaron mayores partidas presupuestales al servicio de la deuda que a otras cuestiones mucho más prioritarias como son la educación, la salud y la protección social. El documento explica que ya antes de la pandemia esos países (uno de cada ocho aproximadamente) se encontraban abrumados por la pobreza y su población infantil ya padecía grandes privaciones y falta de perspectivas de un futuro mejor.

Pero el problema no es exclusivo de esas 25 naciones. La investigación del organismo internacional muestra que la pandemia ha exacerbado el riesgo de una crisis de deuda para países de renta baja y media que ha ido en aumento desde la crisis financiera mundial de 2008, y los datos del Fondo Monetario Internacional muestran que una cuarta parte de ellos, que además se trata de hogares de 200 millones de niños, actualmente ya está endeudado o tiene un alto riesgo de endeudamiento.

La desigualdad no ha hecho más que aumentar tras la pandemia y las necesidades básicas no alcanzan a ser cubiertas en muchas regiones del planeta. Chad, Gambia, Haití y Sudán del Sur son algunos de los países con mayores pagos por servicio de deuda y gastaban al menos tres dólares diarios por cada dólar destinado a los servicios sociales básicos.  La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, señaló que los niños de las naciones con deudas grandes y recursos limitados para los programas sociales carecen de posibilidades para salir de la pobreza y dejar atrás las privaciones. “Los costos personales y públicos son enormes, y llevan a que los niños, sus comunidades y sus países tengan muy pocas esperanzas de lograr un desarrollo económico y social sostenible”, afirmó la mandataria.

Un país sin educación es un país sin futuro. Uno de los grandes desastres acarreados por la pandemia del coronavirus se observa en el sector de la educación, cuyo gasto recortado aunado a las necesidades apremiantes y la falta de recursos de las familias, han colocado a millones de estudiantes de todas las edades en riesgo de abandono escolar y trabajo y matrimonio infantil. Sin mencionar la gran brecha que se generó tras un año de imposibilidad de asistir a clase, ya que las diferencias en cuanto a los recursos técnicos y las posibilidades reales de recibir educación de manera remota y virtual es muy desigual en el mundo entero.  UNICEF ha advertido en repetidas ocasiones que el planeta se enfrenta al peligro de perder toda una generación, lo que, además del impacto negativo en cada niño o joven, implicaría un freno al desarrollo nacional de cada país y sumiría a una mayor población en la pobreza.

“La pandemia ha provocado una catástrofe educativa mundial que es necesario abordar desesperadamente para evitar que la generación del COVID-19 se convierta en una generación perdida. Sin embargo, debido a la emergencia y a la carga de la deuda a la que se enfrentan los países, ya estamos viendo una contracción de los presupuestos para la educación en un momento en que los países necesitan invertir en la mejora de las escuelas y en los sistemas educativos”, afirmó Fore.

La situación es preocupante y es necesario que se tomen medidas urgentes. Según el informe, los países endeudados también han recortado el gasto en sectores como la protección de la infancia, la nutrición y los servicios de agua, saneamiento e higiene además de los presupuestos para educación. Ante esto y como respuesta a la emergencia económica derivada de la pandemia, los países del G20 acordaron una iniciativa de suspensión del servicio de deuda para el periodo de abril de 2020 a junio de 2021, pero hasta el momento sólo participa la tercera parte de los países que reúnen las condiciones para beneficiarse del programa, es decir, 46 naciones. De cara a este panorama, UNICEF insta a diseñar una reestructuración de la arquitectura de deuda internacional, que englobe las necesidades de los países de ingresos bajos y medios para proteger los derechos de los niños tras la crisis del COVID-19.

El estudio de UNICEF indica que mientras que los países pobres por ahora están cubiertos por la suspensión del servicio de deuda, los países de ingresos medianos han seguido pagando al menos un tercio de su deuda externa durante el curso de la pandemia. Como reflejo, el servicio de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es más alto en los países de América Latina y el Caribe, seguido de los países de Oriente Medio y Asia Central.

Los países de América Latina y el Caribe pagan en promedio más de 1,5 veces por servicio de la deuda en relación con el PIB que en los países de África subsahariana. En este sentido, el Fondo de la ONU afirma que dicha reestructuración debería incluir un mayor apoyo y condiciones favorables para los países pobres más endeudados, al igual que mayor transparencia sobre la deuda como parte de los planes presupuestarios nacionales. También aboga por una acción coordinada por parte de los acreedores para convertir la deuda en inversiones que beneficien a los niños. Fore recalcó que: “El alivio y la reestructuración integrales de la deuda son esenciales para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible, de modo que los niños no tengan que soportar la doble carga de la reducción de los servicios sociales ahora y el aumento de la deuda en el futuro”.

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