Es indiscutible que la pandemia lo ha cambiado todo. Cada plano de nuestra existencia se ha visto atravesado por la inesperada llegada del virus y nos ha impulsado también a repensar nuestras sociedades de cara al futuro. En este marco el nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes. En este contexto es que surge “España Puede”, un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década.
A pesar de las consecuencias devastadoras que la pandemia ha tenido para el país, también nos encontramos frente a un escenario inédito en el cual con capacidad de gestión y políticas públicas sólidas podremos no solo recuperarnos de la crisis, sino también modernizar nuestra economía, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social. Para esto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a diez políticas palanca urgentes por su alta capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo para la modernización de nuestra economía y sociedad.
Las diez políticas palanca integran a su vez 30 proyectos o líneas de acción que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del plan. Cada proyecto o línea de acción se centra en un reto u objetivo específico y recogerá los proyectos tractores concretos: reformas e inversiones para el refuerzo del capital natural, tecnológico y humano, para aumentar la productividad y el crecimiento potencial generador de empleo. Para todos ellos, se identificarán las metas e hitos intermedios, los resultados esperados y el número de beneficiarios, así como el coste estimado.
Estas son:
1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación
Las ciudades tienen un papel fundamental en la transformación económica y social, por su capacidad de generar actividad a corto plazo por todo el territorio español con efecto tractor sobre la industria y sectores clave como la construcción. De ahí la necesidad de preparar a nuestras ciudades y pueblos para los retos que ya están presentes, generando entornos urbanos más accesibles e inclusivos, respirables y sostenibles, inteligentes y dinámicos, y una mejora de la competitividad para el sector servicios, en todo el territorio e independientemente del tamaño del núcleo de población.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes
Las infraestructuras tienen la capacidad de movilizar grandes volúmenes de inversión a corto plazo y de generar un impacto estructural sobre el conjunto de la sociedad y economía. El desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y el refuerzo de la adaptación y resiliencia climática en infraestructuras, aprovechando herramientas digitales para desarrollar las capacidades en detección y alerta tempranas, especialmente en costas y zonas inundables, incluyendo adaptación en zonas vulnerables y proyectos participados de renaturalización y de-construcción, permite optimizar las inversiones e incrementar la resiliencia de la infraestructura ante nuevas demandas y retos, a la vez que preservar y proteger el capital natural del país.
3. Transición energética justa e inclusiva
El desarrollo de un sector energético descarbonizado, competitivo y eficiente permite movilizar inversión privada significativa aportando certidumbre y un marco normativo previsible, así como aprovechar el enorme potencial renovable de nuestro país y las cadenas de valor existentes para reforzar la competitividad con vistas a los mercados domésticos y de exportación. Además, facilita un posicionamiento estratégico en sectores de rápido crecimiento a nivel global en los que nuestro país puede liderar.
4. Administración para el siglo XXI
No es posible abordar una auténtica transformación de la economía y la sociedad sin una Administración pública que actúe como tractor de los cambios tecnológicos, impulsando innovaciones, acompañando al sector privado, activando a los sectores y creando nuevos modelos de negocio replicables y escalables en el conjunto de la economía. Se plantea por ello una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía, basada en la digitalización de los servicios y del funcionamiento de la administración, y basada en la mejora de la eficiencia y los servicios.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora
La modernización y mejora de la competitividad industrial requieren incorporar y aprovechar los vectores de la digitalización y de la sostenibilidad en el tejido empresarial existente y futuro, favoreciendo su transición energética e impulsando actuaciones transversales que acompañen el proceso de transformación necesario para garantizar su viabilidad en el largo plazo, y el manteniendo el empleo.
6. pacto por la ciencia y la innovación; refuerzo de la capacidad del Sistema Nacional de Salud
No puede abordarse una transformación de país con visión de futuro sin basarse en la ciencia y el conocimiento. La crisis sanitaria ha puesto a la ciencia en un lugar preeminente como palanca esencial en los planes de reconstrucción y en la capacidad de repuesta frente a futuras crisis. Al mismo tiempo, ha revelado la insuficiencia de la inversión en ciencia e innovación en general, y en particular en algunos sectores estratégicos determinantes, como la inteligencia artificial, y la necesidad de desarrollar un sistema de investigación paneuropeo más sólido, en el que España debe tener un papel más relevante.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
El refuerzo del capital humano es fundamental para que el Plan de inversiones y reformas tenga el impacto deseado, tanto en la generación de actividad a corto plazo, como en el refuerzo estructural de la economía y las nuevas oportunidades laborales a medio y largo plazo. El momento requiere una actuación coordinada inmediata para abordar de forma estratégica la capacitación del conjunto de la sociedad, reorientando y aprovechando el talento y las habilidades existentes en nuestro país y generando actividad en los ámbitos de la formación y transferencia de capacidades.
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
La mejora del funcionamiento del mercado laboral español es un objetivo crucial para el bienestar económico y social. La combinación de alta tasa de paro estructural y la segmentación entre trabajadores temporales e indefinidos y entre empleados a tiempo completo y tiempo parcial involuntario son debilidades estructurales. Asimismo, la tendencia a que los ajustes ante situaciones económicas adversas se hagan reduciendo la plantilla, afectando de manera desproporcionada a los trabajadores menos protegidos, es problemático: no sólo genera precariedad para los afectados, sino que merma, además, la productividad del conjunto de la economía y provoca dinámicas adversas en el mercado laboral que limitan la igualdad de oportunidades y el crecimiento de los salarios.
9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte
España cuenta con una gran riqueza en el ámbito cultural y con el español como un importante activo de desarrollo económico y social para el futuro. Junto al importante peso de los sectores más tradicionales, en los que nuestro país tiene una posición importante –libros, museos, teatros, patrimonio histórico-artístico, etc.–, es preciso apoyar las iniciativas que se están desarrollando en el ámbito de la producción audiovisual y los videojuegos, aprovechando las oportunidades que proporciona la nueva economía digital. La industria cultural tiene un valor indispensable para el desarrollo de una sociedad libre y abierta y es también generadora de riqueza y empleo.
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento sostenible e inclusivo
Las medidas económicas y sociales ya adoptadas están permitiendo amortiguar el impacto inmediato de la emergencia sanitaria, pero comportan un importante coste fiscal al que se suma el derivado del ciclo a través de los estabilizadores automáticos. En concreto, las previsiones actuales apuntan a un déficit público superior al 11% del PIB en 2020 y una ratio de deuda en el entorno del 118% del PIB, con una emisión de deuda pública adicional de 100.000 millones de euros. De ellos, aproximadamente un 40% procede de las medidas de respuesta directa al COVID y un 60% es el efecto de los estabilizadores al caer la recaudación por las principales figuras tributarias y aumentar el gasto por desempleo.
