Luego de dos meses de trabajo, con la participación de más de 40 expertos procedentes de organizaciones y entidades diversas, y con 141 propuestas a negociar entre los representantes de los Grupos Parlamentarios presentes en la Comisión, la mayoría espera que el documento final resultante tras la incorporación de las enmiendas respectivas aliente una recuperación en línea con lo planteado por Europa. Es decir, que adoptando la tarea común de avanzar hacia una transición ecológica y justa y un crecimiento económico sostenible, eficiente y competitivo que no deje a nadie atrás.
A falta de conocer el contenido exacto del documento acordado en la Comisión de para la Reconstrucción Social y Económica, ya se puede avanzar que el resultado tiene un tono verde de muy baja intensidad. ECODES, con el análisis de CIECODE y Political Watch, han comprobado que las principales menciones a asuntos ambientales tienen que ver con “cambio climático”, quedando atrás las referencias a la “transición ecológica” y más aún a la “transición justa”.
En este sentido, y de acuerdo con el estudio general de la terminología en relación a los ODS, los asuntos ambientales han sido tratados principalmente en el grupo de trabajo de Reactivación Económica, seguido del de la Unión Europea, Sanidad y Políticas Sociales. Su abordaje se ha centrado fundamentalmente en el sector de la energía, sin apenas menciones a otros asuntos relacionados con la economía y su estrecho vínculo con la biosfera, tanto en lo referente a los perjuicios causados por un modelo insostenible, como en las posibilidades que hoy la transición ecológica plantea para la creación de empleo, mucho más allá del sector energético. Por otro lado, llama poderosamente la atención que apenas haya menciones a los desafíos ambientales en el grupo de trabajo de salud, y tan sólo en una ocasión aparece en los registros la vinculación entre salud y medio ambiente, en este caso, en relación con el transporte público.
En general, se puede afirmar que el conjunto del documento, que aún puede ser modificado hasta su votación en Pleno el próximo 20 de julio, carece de las concreciones necesarias para poner en marcha la transición ecológica. Remite a elaboración de 31 planes, 11 estrategias y 4 leyes. No hay congruencia entre la afirmación general de que estamos ante una gravísima crisis mundial y la inconcreción de las medidas propuestas. Si la crisis es como todo el mundo dice y como reflejan las cifras del paro, lo que corresponde es la adopción de objetivos concretos en fechas concretas, a corto plazo y que estén alineados, como están haciendo otros países europeos, con la construcción de una economía neutra en carbono y circular.
El documento se conforma con constatar que existe un desafío ambiental y sitúa al sector energético como casi el único punto en el que hacer dicha transición, obviando la necesaria transversalidad de un reto como el que se tiene por delante y sin concreción alguna a cómo hacerlo. A diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, y en un momento en el que se anuncian cuantiosas inyecciones de dinero público procedentes tanto de las arcas españolas como europeas, ni siquiera se plantean condicionalidades de equidad social y sostenibilidad ambiental. Lejos de convertir esta crisis en una oportunidad para poner en marcha los cambios y transiciones pendientes, lo acordado hasta la fecha carece de concreción y determinación para asumir el desafío.
No se debe olvidar que el dinero público que ahora se va a invertir para paliar la crisis incrementará de forma clara la deuda. Es decir, estamos tomando prestados recursos de las generaciones futuras para afrontar la crisis actual. Resultaría de todo punto un acto de cinismo que esos recursos se emplearan en actividades que comprometieran las condiciones de vida de esas generaciones, algo que perfectamente podría pasar si las condicionalidades ambientales y sociales no forman parte del acuerdo.
