Los bonos sociales, como instrumento de deuda que permite financiar proyectos con un impacto social positivo, han ido ganando tracción entre los emisores en los últimos años. Este tipo de bonos se utilizan para financiar proyectos o activos que dan lugar a un resultado social positivo, como, por ejemplo, préstamos a las pymes para la generación de empleo en las regiones de menores ingresos, préstamos a proyectos de vivienda social o la financiación de la prestación de servicios de salud.
La creación de los principios de los bonos sociales en junio de 2016 por parte de la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA) fue un punto de inflexión clave en el desarrollo de este segmento del mercado de bonos ESG, ya que proporcionó directrices y normas para la emisión de bonos sociales a nivel mundial.
Si bien en 2019 hubo una gran emisión de estos, actualmente, la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles ha aumentado en un 23% anual, con una emisión mundial de 84.000 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año.
En los años anteriores, los bonos sociales y sostenibles supusieron el 20% de la emisión total de bonos ESG, impulsados tanto por la demanda de los inversores como por la disponibilidad de activos elegibles para financiar con estos instrumentos. En 2020, esta cifra ha aumentado hasta alcanzar el 40% del total de emisiones, y en concreto los sociales han supuesto un 25% del total de bonos ESG.
Las entidades encargadas de emitir este tipo de bonos sociales han sido generalmente los sectores financieros y del sector público. De hecho, el sector público ha sido responsable del aumento significativo de la actividad, al haber emitido 14.000 millones de dólares del total de 19.000 millones que se han emitido en 2020.
El contexto de fuerte crisis a nivel global que estamos viviendo a causa del coronavirus evidencia aún más su utilidad. El extraordinario estímulo que se está empleando como respuesta a la propagación de la COVID-19 requerirá una financiación importante. Los bonos con etiqueta social podrían reafirmar todo su sentido en estas circunstancias extraordinarias.
Ya se han emitido 15 instrumentos etiquetados como sociales y de sostenibilidad con alguna mención de respuesta a la COVID-19 en el uso de los fondos, en su mayoría emitidos por IFC y otros organismos de seguridad social en Europa. La Comunidad de Madrid fue el primer emisor español que emitió un bono social para financiar proyectos relacionados con el coronavirus con una colocación privada de 52 millones de euros el pasado abril, en la que BBVA fue banco asesor y colocador único.
Los analistas de BBVA Global Markets Research esperan que las emisiones de bonos sociales sigan aumentando, ya que bancos y entidades públicas de financiación seguirán financiando los programas de estímulo y reconstrucción económica que se irán anunciando en los próximos meses para superar la crisis de la COVID-19.
