Un colectivo de expertos, sostienen que la economía fundamental es a menudo invisible, oculta dentro de la idea abstracta de la economía y descuidada por los responsables políticos que se centran en los sectores de alta tecnología y comercio a gran escala. Pero durante esta pandemia de coronavirus se ha hecho muy visible porque las sociedades están cerrando todo excepto las partes de la economía que proporcionan bienes y servicios fundamentales y esenciales. Cuando se rompe la provisión colectiva de estos bienes y servicios esenciales, en determinados lugares o para determinados grupos, las necesidades humanas básicas quedan casi inmediatamente insatisfechas.
El punto de partida de estos expertos es que debemos usar la crisis activamente como una palanca para reconocer el valor del consumo colectivo esencial. Después de la pandemia no debemos volver al viejo orden de prioridades y olvidar lo que hemos aprendido sobre la importancia de la provisión fundacional. En vez de esto, debemos encontrar la manera de ampliar el acceso y mejorar la calidad de los bienes y servicios fundamentales esenciales.
En este sentido, han desarrollado diez puntos que define una amplia agenda fundamental para los gobiernos nacionales y regionales de Europa. Exponiendo cómo creen que la extensión de la responsabilidad colectiva puede lograrse por diferentes medios, como las licencias sociales y los impuestos sobre el patrimonio; y cómo funcionaría de forma diferente en relación con diversas infraestructuras y actividades, desde la vivienda hasta la energía, pasando por el suministro de alimentos.
1) Empezar por la salud como actividad básica en la que la prestación colectiva es legítima y los profesionales de la salud pueden proporcionar liderazgo. La pandemia ha puesto de relieve importantes lagunas en los sistemas de atención de la salud y desigualdades regionales, como las existentes entre el norte y el sur de Italia, que es preciso abordar. Los sistemas de atención sanitaria y social de base comunitaria más amplios necesitan inversiones y deben orientarse hacia el bienestar, y no sólo hacia necesidades biomédicas limitadas. Por último, la salud pública debe desempeñar un papel más amplio en la lucha contra la dieta deficiente, la calidad del aire y los problemas de salud mental, así como en el control de las enfermedades, y debe integrarse en la política económica y social porque ninguna de esas cuestiones puede abordarse de manera aislada.
2) Utilizar la vivienda y la energía para garantizar la satisfacción de las necesidades humanas básicas y hacer frente a crisis ambientales más amplias. Los gobiernos, en asociación con las organizaciones sin fines de lucro y los grupos de inquilinos, deben asumir la responsabilidad de la disponibilidad de viviendas sociales que ofrezcan hogares de calidad des-carbonizados con seguridad de tenencia a alquileres ajustados a los niveles salariales locales.
3) Los alimentos son complejos, pero se deben tomar medidas para controlar a los grandes productores y cadenas de supermercados y apoyar la producción de alimentos sostenibles. En cada mercado nacional, unas pocas cadenas de supermercados tienen poder corporativo y una posición minorista dominante. El modelo de negocio de los supermercados es insostenible y frágil porque se basa en la captación de los beneficios de los proveedores mediante la amenaza perpetua del cambio de proveedor, mientras que el sistema "justo a tiempo" obtiene el máximo valor del espacio de venta al por menor.
4) Introducir la concesión de licencias sociales, es decir, una reglamentación que imponga obligaciones sociales y ambientales a todos los proveedores de servicios fundamentales de las empresas. ¿Cómo aseguramos que las empresas gigantes cumplan con sus obligaciones sociales y ambientales? Los proveedores fundamentales con y sin fines de lucro tienen en efecto una franquicia territorial a través de sus redes y sucursales; deberían ofrecer algo social a cambio, como poner fin a los abusos fiscales o al empleo inseguro.
5) Reformar los impuestos sobre ingresos, gastos y riqueza para aumentar en gran medida la capacidad del gobierno para recaudar ingresos. Si no se reforman los impuestos, de manera que se pueda aumentar un porcentaje más alto del PIB de manera equitativa, entonces la perspectiva es de 10 a 20 años de súper austeridad, cuando los servicios financiados por los impuestos, como la educación, la salud y la atención médica, se verán privados de ingresos como lo fueron en muchos países europeos en los años de austeridad posteriores a la crisis financiera.
6) Inversión desinteresada de los fondos de pensiones y compañías de seguros para que vaya directamente a la provisión de infraestructura material.
7) Acortar las largas y frágiles cadenas de suministro de los productos básicos fundamentales, reconociendo al mismo tiempo la inutilidad de la autarquía local.
8) Todas las ciudades, pueblos y zonas rurales periféricas deberían elaborar un plan de transición de vida/trabajo dentro de los marcos de los Estados nacionales y de la UE. La política es local y las disposiciones fundamentales se basan en los territorios, de ahí la importancia de los planes que tienen en cuenta las especificidades locales y se elaboran con las aportaciones de los ciudadanos utilizando formas innovadoras de hacerlas participar. Las asambleas, los jurados de ciudadanos y similares producirán mensajes mixtos, pero son complementos esenciales de la democracia representativa porque necesitamos comprender lo que importa a los ciudadanos.
9) Reconstruir la capacidad técnica y administrativa en todos los niveles del gobierno. Los politólogos debaten sobre el estado postdemocrático en el que el aparato y las instituciones de la democracia continúan, pero las decisiones son tomadas por una élite político-económica
10) Es necesario que los países europeos acepten cierta responsabilidad por los sistemas fundamentales completamente inadecuados, como la atención de la salud, en regiones adyacentes como el Oriente Medio y el África septentrional, y que emprendan un programa del tipo de la Ayuda Marshall para reconstruir los sectores comercializables de esas regiones. Esto sería muy diferente del intervencionismo militar que hemos visto en Libia y Siria o del neocolonialismo francés en el África subsahariana.
