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La crisis global generada a raíz de la pandemia de Coronavirus en todo el mundo ya ha afectado el tejido empresarial. Las expectativas de facturación y contratación han disminuido en la mayoría de los sectores notablemente mientras que se moderaron los planes de inversión e internacionalización. Los efectos económicos y sociales no tardaron en llegar.

Controlar los efectos sanitarios y velar por la salud de quienes más lo necesitan es lo central ante la crítica situación que estamos viviendo. Sin embargo, la crisis económica está a la vuelta de la esquina y será importante ocuparnos también de eso cuanto antes. La situación generada por el COVID-19 está alterando ya el funcionamiento cotidiano de las empresas. Ante esto, un 47% cuenta con un plan de contingencia ya en marcha y un 33% no ha elaborado un plan de continuidad, aunque prevé hacerlo. Sin embargo, dos de cada diez empresarios no lo tienen contemplado.

Por otro lado, la confianza empresarial sobre el crecimiento de la economía en 2020 ha caído como consecuencia del brote también. Sobre esto, el 70% de los empresarios y directivos, encuestados por KPMG en la semana del 9 de marzo, estima que la economía española irá a peor en 2020, frente al 59% que así lo consideraba en la encuesta llevada a cabo entre los pasados meses de diciembre y enero. Así lo señala el nuevo informe Perspectivas España 2020, actualizado por KPMG en las últimas semanas en colaboración con la CEOE. Asimismo, el porcentaje de empresarios que califica la situación económica actual como buena o muy buena ha descendido entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 del 38% al 33%, a raíz del brote de coronavirus.

Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España, expresó que “debido a la incertidumbre generada por el COVID-19 y su impacto en las perspectivas de crecimiento, es importante contemplar en los planes de continuidad tanto factores operativos como regulatorios y financieros. Aspectos como la continuidad de los procesos centrales de su negocio en los diferentes escenarios potenciales, el control de la tesorería, el mantenimiento de la cadena de suministro o la gestión de recursos humanos son algunos de los aspectos más relevantes a contemplar”.

Por parte Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha afirmado que “en estos momentos de crisis sanitaria, las empresas tienen una prioridad clara, que es la salvaguarda del bienestar y la seguridad de las personas trabajadoras. Esto está llevando a tomar medidas drásticas de suspensión de la actividad en muchos casos, lo que está poniendo en una segunda derivada a muchos negocios al borde de la quiebra. Que la crisis del COVID-19 no trascienda a una nueva recesión y otra pérdida masiva de empleo depende de que actuemos rápido con medidas extraordinarias de flexibilización en muchos frentes. Desde CEOE estamos trabajando con el Gobierno y los sindicatos en esa dirección y estamos seguros de que seremos capaces entre todos de mantener a salvo el ecosistema empresarial y la salud de los ciudadanos”.

La empresa española anticipa ya, por tanto, el impacto del COVID-19 en sus principales magnitudes de negocio. Las expectativas de facturación y contratación han disminuido notablemente mientras que se moderan los plantes de inversión e internacionalización respecto a los expresados dos meses atrás.

En relación al empleo, el porcentaje de directivos que anticipa que tendrá que reducir su plantilla se incrementa desde el 23% hasta el 28%. Del mismo modo, aquellos que esperan contratar más se reducen del 36% al 23%. La inclinación mayoritaria en estos momentos es mantener estable la plantilla. Por su parte, los planes de inversión también se verán alterados por culpa del coronavirus. El 33% espera invertir más en 2020, un descenso de 9 puntos porcentuales respecto a la encuesta llevada a cabo entre diciembre y enero (42%). A pesar de todo, solo un 22% anticipa disminuir su nivel de inversión, que se mantendrá estable para el 44%.

El pedido de responsabilidad colectiva de quedarse en casa se ha acatado en la mayoría de las empresas. La implantación o incremento del teletrabajo es una de las medidas más aplicada por las empresas españolas, señalada por un 63% de los encuestados. En el extremo opuesto, los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTES), la detención de las operaciones en países de riesgo o la valoración de entrar en negocios oportunistas son medidas residuales en el conjunto del tejido empresarial.

Asimismo, la mitad de las compañías encuestadas esperan una flexibilización temporal de la regulación de los expedientes de regulación de empleo (ERTES/ERES). Otras medidas de carácter fiscal, como el aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social, del IVA o la rebaja del impuesto de sociedades, son también relevantes para casi la mitad de las empresas participantes. De hecho, el Gobierno aprobó ayer medidas de forma extraordinaria para afrontar la crisis del coronavirus, que incluyen inyecciones de dinero a las Comunidades Autónomas y ayudas fiscales para las pymes. 

La situción a la que afrontamos como sociedad es compleja. Para hacerle frente será necesario diagramar planes de acción claros, responsables y solidarios. Poniendo el eje en quienes más necesiten de ayuda estatal y de las grandes empresas para recuperar de manera colectiva  la economía del país. Al virus lo enfrentamos entre todos y a la crisis también.

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