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De las 52 ciudades españolas analizadas según aspectos sociales por el Observatorio de la Sostenibilidad (OS), destaca la ciudad vasca Vitoria. Se tiene en cuenta el acceso a la vivienda, la movilidad territorial, la demografía, la educación, el género, la criminalidad, la sanidad y el presupuesto destinado a servicios sociales municipales

El presente trabajo llevado a cabo por el Observatorio de la Sostenibilidad, es una primera aproximación a la situación de 52 ciudades españolas, las capitales provinciales, en aspectos relativos a la sostenibilidad en 2018. El análisis se enmarca dentro de las tareas indispensables que se derivan de la adopción por parte de España de los compromisos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en la Conferencia de Nueva York de septiembre de 2015.

Uno de los puntos interesantes de este trabajo es la evaluación de la sostenibilidad social a través de 8 variables: acceso a la vivienda, la movilidad territorial, la demografía, la educación, el género, la criminalidad, la sanidad y el presupuesto destinado a servicios sociales municipales

Vitoria encabeza el ranking de sostenibilidad social. Entre las 12 ciudades que presentan los mejores resultados todas ellas, exceptuando a Barcelona y Zaragoza son ciudades de tamaño mediano (entre 100.000-500.000 habitantes) o pequeñas ciudades (menos de 100.000 habitantes).

Veamos en qué consisten estos 8 indicadores punto por punto:

El acceso a la vivienda es aceptable para la mayor parte de las capitales españolas aunque la norma se rompe en el caso de las grandes capitales, Madrid y, sobre todo, Barcelona, y en algunas ciudadesde turismo intenso como Málaga y Palma de Mallorca.

Otro aspecto a tener en cuenta es el presupuesto municipal dedicado a servicios sociales que en el caso español es escaso y es una tendencia homogénea en todo el territorio, con la excepción de Barcelona, Málaga, Jaén y Ceuta. También el gasto por hogar en educación presenta también una distribución uniforme por lo que en general es bajo con las excepciones de Zaragoza, Tarragona, Castellón de la Plana y Bilbao.

La mayoría de las capitales españolas ofrece una distribución de la población por edades descompensada. Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza y Valencia tienen desequilibrios importantes a favor de los mayores de 65 años, que superan ampliamente a la población de menos de 16 años. Se encuentra cierto equilibrio en ciudades medianas y pequeñas, como las capitales extremeñas, Almería, Córdoba, Ciudad Real, Castellón de la Plana, Toledo y Guadalajara. La mayoría de las capitales del Norte y muchas castellanoleonesas sufren también problemas acusados de envejecimiento. Por el contrario, Ceuta y Melilla presentan pirámides de ancha base, con porcentajes de jóvenes superiores a los de la población jubilada.

El acceso a una vivienda digna es uno de los aspectos primarios de la calidad de vida de la ciudadanía y un derecho fundamental que, sin embargo, está muy fuertemente condicionado por las fuerzas económicas del mercado. Los resultados identifican tres ciudades con valores muy elevados: Barcelona, Madrid y San Sebastián en las cuales se confirma que el efecto de sus políticas ha favorecido el potencial especulativo de la vivienda frente a su función social. Por otro lado, el resultado del acceso al alquiler de vivienda señala que en Barcelona se destina un 61% de la renta al alquiler, seguida de otras seis que precisan más de un tercio de la renta y también están entre las de mayor carestía relativa para la compra: Palma de Mallorca y Madrid, superando el 40% y Málaga, Las Palmas, Cádiz y Sevilla, siendo Lugo la ciudad más barata de alquiler. Por lo tanto, Barcelona sería la ciudad con el acceso a la vivienda más caro, con Madrid, San Sebastián, Cádiz y Palma de Mallorca bastante cerca. En el otro extremo se encontraría Castellón y varias capitales del interior rural como Lugo, Ávila, León y Ciudad Real, lo que indica que las ciudades con mayor nivel de renta son las que tienen la vivienda más inaccesible a excepción de Vitoria.

En cuanto a la movilidad territorial, el transporte público asume mayor protagonismo en las ciudades grandes que sufren mayores problemas de congestión del tráfico por razón de su tamaño. La ciudad con menos protagonismo del automóvil es Barcelona, que no alcanza el 30%, seguida por Palma de Mallorca, Madrid, las ciudades autónomas, Cádiz, Ciudad Real, Granada y Albacete. El tiempo invertido en el desplazamiento al lugar de trabajo es un indicador muy claro de la eficiencia con la que se resuelve la necesidad de movilidad del público. Un exceso de tiempo implica claros impactos negativos sobre la calidad de la vida del ciudadano, se comprieba que la peor ciudad es Madrid que supera la media hora, seguida por Barcelona, con 27 minutos, y 17 ciudades más con más de 20 minutos, entre las que se encuentran las mayores ciudades como Zaragoza, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Alicante o Granada, y algunas otras de tamaño mucho más modesto como Guadalajara.

Además, el indicador de precio del transporte público ilustra sobre el esfuerzo que hacen las ciudades para satisfacer las necesidades de transporte de la población. Los costes más altos corresponden a Madrid y le sigue a corta distancia 7 ciudades como Huesca, Alicante, Coruña, Valencia, Málaga, Oviedo y San Sebastián. Las ciudades más baratas son Zamora, Soria y Palencia, la mayoría de pequeño tamaño entre las que se encuentran sin embargo Palma de Mallorca y Vitoria.

Por otro lado, la criminalidad señala no solo un mayor nivel de seguridad, sino también de forma indirecta un mayor nivel de justicia social. Los resultados muestran que las mayores tasas de criminalidad se encuentran en las dos mayores ciudades, Madrid y Barcelona; y también en las dos menores, Ceuta y Melilla,muy afectadas debido a su carácter especial de ciudades fronterizas. Las bajas tasas de criminalidad son propias de ciudades pequeñas, con independencia de su nivel de renta, siendo las ciudades más seguras, Teruel y Cáceres.

Por último para medir si una ciudad es socialmente sostenible se debe incidir en la adecuada asistencia sanitaria. En España dada la organización de la sanidad pública, cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, un hospital debe dar servicio a un población que trasciende su propio término municipal, se opta por utilizar la provincia como herramienta para evaluar a través de dos indicadores básicos: número de camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes; y médicos en activo por cada 10.000 habitantes. En el aspecto de las camas hospitalarias, la mejor provincia es Palencia que multiplica con 2,5 a la peor, Melillla. En este sentido destaca que las 4 provincias catalanas están entre las 12 mejores, mientras que Comunidad Valenciana y Andalucía se encuentran entre las peores. 

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