45 temas urgentes en la igualdad entre mujeres y hombres en España
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Uno de los objetivos del ´Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un diagnóstico de situación´, elaborado por la Fundación Tomillo, es visibilizar públicamente la necesidad de adoptar un enfoque de género en la implementación de los ODS en España.
Este informe, llevado a cabo por el Área de Estudios e Innovación Social de Fundación Tomillo, pretende ser un instrumento que contribuya a la implantación en nuestro país, por parte de las Administraciones Públicas, pero también de entidades del Tercer Sector, Universidades, empresas, sindicatos y sociedad en general, de los ODS con enfoque de género. También trata de sensibilizar y abrir el debate público sobre la necesidad de transversalizar el enfoque de género en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 y las estructuras y mecanismos previstos para la gobernanza e implementación de la Agenda en España.
El documento sugiere hablar de una Agenda 2030 feminista, para lo que ennumera 45 temas urgentes en la igualdad entre mujeres y hombres en España en el marco de los ODS. Son los siguientes:
Según las demandas de diferentes instancias internacionales, modificar nuestra legislación en materia de violencia de género, y en particular la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, garantizando la inclusión de otras formas de violencia de género cotidianas.
Poner en marcha de manera inmediata las Unidades de Valoración Forense Integral en los Juzgados, previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, de las que formen parte profesionales especializados.
Poner en marcha los cambios legales necesarios para posibilitar la retirada de la custodia paterna en casos de violencia de género.
Reformar el Estatuto de la víctima, para que se sea reconocida la consideración como tal y se extienda la totalidad de su régimen jurídico a los hijos menores de las mujeres víctimas de algún tipo de violencia machista, incluyendo que se dé a los y las menores un tratamiento y protección específicos, que incluya la asistencia social integral y la posibilidad de que se les dote de asistencia letrada autónoma.
Revisar el abordaje que desde el sistema educativo español se está haciendo de la violencia de género y la igualdad entre mujeres y hombres para incorporar un enfoque global.
Adopción de una Ley Integral de Violencia contra la Infancia, reclamada desde amplios sectores sociales desde hace tiempo.
Universalizar la formación obligatoria en materia de género e igualdad entre mujeres y hombres, y en materia de violencias de género, a los/as profesionales que intervienen en el proceso de la violencia.
Tomar las medidas oportunas en el ámbito legislativo y judicial para garantizar la protección efectiva, el acceso a la justicia sin discriminaciones y la igualdad de trato en el proceso judicial de todas las personas, y evitar la revictimización que afecta especialmente a las mujeres en los casos de violencia de género.
Establecer un plan integral de revisión del sistema judicial español tendente a la eliminación de las asimetrías por razón de género y a garantía de la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso y uso del sistema judicial.
Tomar las medidas oportunas para impedir y perseguir el alquiler de vientres en España y en otros países, incluida la ilegalización y clausura de las agencias, clínicas y todos los negocios de la industria del alquiler de vientres en todos los países del mundo, así como la ilegalización de los anuncios publicitarios de esta industria.
Modificar el Código Penal para tipificar el proxenetismo con y sin consentimiento y la tercería locativa.
Promover y adoptar una Ley integral de lucha contra la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual, que aborde la complejidad de este fenómeno con carácter integral, estableciendo medidas sancionadoras y punitivas, de coordinación y cooperación entre administraciones y con Terceros Estados, así como de protección y apoyo a las víctimas y sus hijos/as.
Establecer un marco de políticas nacionales claro y homogéneo, que dando respuesta a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, permita intervenir en materia de prostitución, con carácter integral, desalentando la demanda mediante métodos disuasorios, de sensibilización y punitivos, y estableciendo programas integrales de protección y apoyo a las mujeres en situación de prostitución.
Adoptar en las políticas públicas una concepción integral de la salud de las mujeres desde una perspectiva de género, promoviendo el conocimiento sobre las desigualdades de género en salud y en el que se garantice el acceso en igualdad de condiciones a los servicios sanitarios de todas las mujeres, incluidas las mujeres con diversidad funcional.
Adoptar las medidas oportunas para garantizar que cesen las prácticas innecesarias de medicalización de los procesos de salud de las mujeres (parto, menopausia) y de sus malestares de género, con una revisión profunda de los protocolos de atención y terapéuticos.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, garantizar el acceso libre, gratuito e igualitario de todas las mujeres a los anticonceptivos.
Garantizar el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo en el sistema público de salud.
Modificar o derogar la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.
Adoptar medidas para incluir de manera efectiva y universal la educación afectivo-sexual en el sistema educativo, de carácter obligatorio, y en los diferentes niveles educativos obligatorios.
Extender y garantizar el acceso a la educación en menores de 0 a 3 años en todo el territorio nacional.
Tomar medidas específicas en el sistema educativo que combatan la segregación por sexo del alumnado, así como la elección académica sesgada.
Tomar medidas específicas en el sistema educativo y en la educación no formal, que combatan la triple brecha digital de género (acceso, usos, apropiación) y garanticen la igualdad de oportunidades en esta materia a mujeres y hombres.
Establecer un plan nacional específico, de carácter integral, que remueva los obstáculos y promueva la presencia y participación en igualdad de condiciones de las mujeres en los sectores de actividad del Sistema de Ciencia y Tecnología español.
Equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad y que ambos sean iguales, tengan la misma duración, sean intransferibles y pagados al 100% del salario.
Establecer y promover planes específicos de promoción de las masculinidades corresponsables e igualitarias, que coadyuven a una mejor distribución de las cargas y tareas de los cuidados en sociedad, fomenten modelos de masculinidad no violenta y nuevas formas de crianza, entre otros.
Estudiar y promulgar una ley de familias monoparentales que reconozca y visibilice a estas familias, y establezca un marco estatal común tendente a homogeneizar la situación entre las diferentes regiones, en términos de definición común de familia monoparental, prestaciones y ayudas a las que pueden acogerse, ventajas en el acceso a servicios, etc.
Crear una prestación universal por niña o niño a cargo, independiente del nivel de rentas de la familia o del tipo y características de esta. Esta prestación deberá tener una vocación universal, pero es necesario que se produzca una implantación progresiva que alcance al menos a todos los niños y niñas que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza.
Universalizar el derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, y establecer un plan de implantación progresiva que lleve aparejada la derogación del artículo 18 de la Ley de Dependencia, que prevé la prestación por cuidados en el entorno familiar.
Impulsar la participación social de las mujeres en todos los ámbitos y garantizar la participación paritaria, haciendo efectivo el principio de presencia equilibrada que se recoge en la Ley de Igualdad en las organizaciones del sector privado, mediante la adopción de medidas de obligado cumplimiento e incluyendo un sistema proporcional de sanciones.
Fortalecer el empoderamiento colectivo de las organizaciones de mujeres mediante la consolidación de los consejos consultivos y Consejos de mujeres, y la articulación de mecanismos estables, adecuadamente dotados, para su participación en la definición, seguimiento y evaluación de las principales políticas públicas.
Impulsar medidas de desarrollo de la Ley 35/2011 de titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
Establecer un marco que permita a las Comunidades Autónomas establecer planes de apoyo integral, con enfoque de género, a las mujeres del medio rural que incluyan el acceso a los servicios, a la formación, la orientación al empleo, la asistencia jurídica, el acceso al crédito o el apoyo al emprendimiento, entre otros elementos.
Apoyar la visibilización y puesta en valor del trabajo desarrollado por las mujeres en el sector pesquero español.
Adoptar un marco de actuación de políticas estatal en materia de sostenibilidad medioambiental y cambio climático con perspectiva de género.
Aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible que permita una reconversión del sector de los transportes y obligue a las entidades locales a adoptar planes locales en este mismo sentido.
Reforzar en el marco estratégico de políticas de la Nueva Agenda Urbana el enfoque de género para que, en su aplicación, las ciudades transversalicen este enfoque en las 10 Áreas previstas en dicha Agenda.
Aplicar efectivamente la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura y de la creación artística, musical, teatral y literaria para garantizar la paridad entre mujeres y hombres.
Aplicar de manera efectiva la Ley de Igualdad en el ámbito de la práctica deportiva para garantizar la paridad entre mujeres y hombres.
Adopción de una ley de igualdad salarial que sirva para cerrar la brecha salarial existente.
Tomar las medidas oportunas para favorecer el acceso e incorporación de las mujeres al mercado laboral en condiciones igualitarias y de calidad en el empleo, con mecanismos específicos que prevengan y combatan la temporalidad y la parcialidad en el empleo femenino.
Adoptar un plan para hacer aflorar el empleo sumergido con perspectiva de género.
Proceder a una revisión y reforma fiscal, y en particular del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con enfoque de género.
Poner la cooperación en el centro de la implementación de la Agenda 2030 en España, restaurando progresivamente los niveles perdidos de ayuda al desarrollo y utilizando estas políticas para promover una agenda de derechos humanos, que incluya los temas comerciales, a las empresas y los temas migratorios, entre otros.
Garantizar la transversalidad real del enfoque de género en las políticas de cooperación estatales, tanto en la estructura de la AECID como en la adecuada dotación de los recursos humanos y económicos necesarios para su transferencia a las políticas y actuaciones concretas.
Recuperación de instrumentos específicos de cooperación con terceros países en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que apoyen la creación de capacidad en estos Estados, así como el fortalecimiento del movimiento de mujeres en estos.
