En 2014, llegó a Naciones Unidas una denuncia que alegaba violaciones graves y sistemáticas del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dos años después, recibió una solicitud de uno de los órganos del mecanismo de vigilancia independiente para que se llevara a cabo una investigación sobre presuntas violaciones al derecho a la educación de personas con discapacidad.
Ahora, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas considera que la información disponible revela violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad principalmente vinculadas a la perpetuación, pese a las reformas desarrolladas, de las características de un sistema educativo que continua excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad y que resulta en la segregación educativa y en la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el sistema educativo general. Esta situación de segregación, respecto a la cual el Comité hizo referencia en sus observaciones finales sobre España en 2011, continúa afectando, como entonces, a alrededor de un 20% de las personas con discapacidad, con repercusiones adversas para su inclusión en la sociedad.
Los miembros del comité viajaron a España y entrevistaron a más de 165 personas, entre ellas funcionarios del Gobierno central y de las 17 comunidades autónomas, representantes de organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, magistrados y abogados
Según Theresia Degener, presidenta de este comité, "el sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes". Las normas internacionales establecen que estos jóvenes deben “tener acceso efectivo a la educación y la capacitación con el objeto de lograr su desarrollo individual y su inclusión social” en condiciones de igualdad.
Y en opinión de Carlos Parra, miembro del comité y una de las personas que ha participado en la investigación, "no pueden coexistir dos modalidades separadas de educación en un sistema de educación inclusiva basado en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades. El sistema debe consistir en una modalidad para todos los estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que él o ella requiera".
El informe afirma que las personas con discapacidad acaban en un sistema de educación paralelo que consiste en centros de educación especial o aulas especiales dentro de las escuelas. Además, la falta de garantías para los mecanismos de monitoreo significa que, una vez que un estudiante abandona el sistema educativo general, él o ella permanecerá fuera.
El comité considera que la exclusión discriminatoria, la segregación y/o la falta de ajustes razonables afecta principalmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, con trastornos del espectro autista, hiperactividad y déficit de atención, o con discapacidad múltiple. Estos alumnos generalmente ingresan a centros de educación especial, o a proyectos que los separan de sus compañeros, con escasas oportunidades de salir de este sistema que los segrega de la sociedad
Con el objetivo de que se elimine la educación segregada de la legislación educativa, tanto a través de unidades en las escuelas como de centros especializados, y que se establezca que rechazar a un estudiante con discapacidad constituye una forma de discriminación, los expertos de la ONU sugirieron a España establecer un plan de acción en colaboración con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad para que la educación inclusiva se conciba “como un derecho y no sólo como un principio". La respuesta del Gobierno español ha sido agradecer al Comité sus observaciones, pero ha manifestado su firme rechazo al informe sobre la regulación y el trato que reciben las personas con discapacidad en su sistema educativo. Según afirman en la ONU, ha expresado su desacuerdo con la idea de que España niega la igualdad de derechos a estas personas y que lo hace de manera deliberada, dado que el país “ha apostado por la educación inclusiva para todo el alumnado”.
