Según datos de esta institución, el 59% de los adultos que no tienen una cuenta para transacciones menciona la falta de dinero como la principal razón de ello, lo que implica que los servicios financieros aún no son asequibles o no están diseñados para ajustarse a las necesidades de usuarios de ingreso bajo. Otros obstáculos para abrir una cuenta son la distancia a la que se está de un proveedor de servicios financieros, la falta de documentación necesaria, la desconfianza en los proveedores y la religión.
Y más de 200 millones de microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), formales e informales, en las economías emergentes carecen del financiamiento adecuado para prosperar y crecer. Las principales razones para no tener una cuenta son la falta de una garantía y un historial crediticio, y la existencia de negocios informales.
El Banco Mundial afirma que los países que han logrado mayores avances en términos de inclusión financiera son los que han creado un entorno normativo y regulatorio propicio y han fomentado la competencia, permitiendo a las instituciones bancarias y no bancarias innovar y ampliar el acceso a los servicios financieros. “Sin embargo, la creación de este entorno innovador y competitivo debe estar acompañada de regulaciones y medidas de protección del consumidor apropiadas para asegurar la prestación responsable de los servicios financieros”, advierte.
En su Iniciativa 2020, se ha focalizado en 25 países donde la exclusión financiera abarca al 73 por 100 de la población: Bangladesh, Brasil, China, Colombia, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Kenya, Mexico, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Rwanda, África del Sur, Vietnam, Tanzania, Turquía y Zambia. Son los más extremos. En conjunto, el Banco Mundial está trabajando en esta iniciativa en un centenar de países. La pretensión es reducir en un 50% el número de adultos sin acceso a servicios financieros, es decir, unos 1.000 millones.
Para lograrlo, se está centrando en nueve puntos: asistencia técnica a los Gobiernos para el diseño y la implementación de hojas de ruta y planes de acción; ayudar a los países a diseñar estrategias para promover el uso de pagos electrónicos en lugar de dinero en efectivo; reformar los sistemas nacionales de pago; fortalecimiento de la capacidad de los supervisores y diseño de programas gubernamentales para dar acceso a una gama de servicios financieros, como ahorro, seguros y crédito, de modo que las cuentas para transacciones sean una vía hacia la plena inclusión financiera; aprovechar la tecnología para crear condiciones de igualdad y ampliar el acceso a servicios financieros; fomentar la competencia y ampliar los puntos de acceso; proteger al consumidor; trabajar con los Gobiernos para diseñar estrategias nacionales de educación financiera y realizar diagnósticos y encuestas nacionales sobre capacidad financiera y protección del consumidor.
