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Este movimiento económico y social, nacido en los años sesenta, busca conseguir el desarrollo de las comunidades más empobrecidas a través de la comercialización de sus productos y de facilitar su acceso al mercado internacional en condiciones justas y equitativas.

Una Universidad por el Comercio Justo se inscribe dentro del programa europeo Ciudad por el Comercio Justo, coordinado a nivel estatal por la organización de Comercio Justo IDEAS y que tiene el respaldo de la Comisión Europea y de la AECID. A las nueve que ya tienen esta distinción se sumará una decena que ya está trabajando en ello.

Su compromiso con el Comercio Justo significa, por ejemplo, usar productos de Comercio Justo tanto como es posible. También realizar actividades de divulgación, por eso muchas incorporan contenidos relacionados con la Economía Social y Solidaria en los programas curriculares de las asignaturas que imparten en grados o másteres, o desarrollar investigaciones sobre el consumo responsable con las que mejorar el análisis de la realidad. Y contribuir a hacer del mundo un lugar más justo, como ofertar prácticas académicas en grupos productores de Comercio Justo.

Las nueve universidades reconocidas son la de Alcalá de Henares (Madrid), Burgos, Valladolid, Cantabria, Jaume I (Castellón), Córdoba, Jaén, Málaga y Valencia.

El día mundial del Comercio Justo se celebra este 12 de mayo. Este movimiento integra a más de 2.000 productores en los que trabajan unos dos millones de personas en todo el mundo. En su manifiesto, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo destaca que “otro modelo económico y comercial es posible. Un modelo donde los Derechos Humanos y del medioambiente, donde los cuidados y los derechos están en el centro de nuestra actividad económica”.

Y, según explica IDEAS, impulsa acciones para fortalecer el liderazgo y la autonomía de las mujeres en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades dentro de las organizaciones productoras y de personas trabajadoras. Las organizaciones de Comercio Justo no pueden discriminar por razón de género o estado civil.

Además, garantizan la ausencia de violencia hacia las mujeres. Tienen que incorporar a mujeres y jóvenes en los procesos formación sobre negociación y estrategias de mercados y adoptar políticas de crédito adaptadas a las necesidades de las mujeres y jóvenes, como una acción positiva para potenciar su acceso a la producción.

También garantizan el acceso de las mujeres a bienes productivos como la tierra, asesoría técnica, gestión de financiamiento para la producción y facilitan la existencia de espacios de participación para las mujeres en las organizaciones y acceso a cargos de decisión.

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