Las cifras aparecen recogidas en el informe realizado por la comisión de expertos sobre Escenarios de Transición Energética. En el documento, se recuerda que dentro de las directrices del paquete de invierno “Energía limpia para todos los europeos” promovido por la Unión Europea (UE), se establece como unos de los ejes principales de acción la eficiencia energética de los edificios. En concreto, se propone la aceleración de la rehabilitación, aprovechar las grandes posibilidades del sector de la construcción para reducir de forma rentable el consumo energético en el sector de edificios que, con un 40%, es el mayor consumidor de energía en Europa. Esta estrategia de renovación a largo plazo deberá contribuir también a combatir la pobreza energética. Este informe fue presentado a principios de abril al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, de manos del presidente de esta comisión, Jorge Sanz.
Para movilizar inversiones privadas a gran escala, la UE opina que los Estados miembros también deberán promover actuaciones que faciliten la financiación en el sector, estableciendo diferentes mecanismos, por ejemplo, agrupar inversiones, disminuir el riesgo financiero o complementar inversiones privadas con financiación pública. Además, la UE ha lanzado el reto de alcanzar en el 2050 un alto nivel de descarbonización en el sector de la edificación y para conseguirlo, la comisión de expertos señala que “también será necesario hacer frente a un proceso de reconversión energética del parque existente”. Y creen que la transformación deberá contemplar medidas basadas en el ahorro energético, un mayor peso del uso de la electricidad en los equipos consumidores y una mayor participación de las energías renovables térmicas.
El problema es como financiar todas las inversiones necesarias, ya que los esfuerzos económicos para lograr el escenario de descarbonización en la rehabilitación de edificios van a ser importantes. La comisión de expertos aduce dos razones básicas. Por una parte, las actuaciones de mejora energética en rehabilitaciones profundas exigen altas inversiones especificas en medidas de ahorro, que conllevan largos períodos de recuperación y significativas garantías en la financiación. Por otra, el sector de la edificación es uno de los denominados difusos, en los que se requiere un gran número de actuaciones para alcanzar logros importantes. “Con estas premisas, los mecanismos tradicionales de financiación resultan insuficientes”, dicen los expertos.
En su documento, explican que en Europa ya se están desarrollando y testeando experiencias de financiación innovadoras que promueven esquemas de financiación para eficiencia energética a nivel local, como contratos de rendimiento energético, financiación por terceros, fondos de rotación, bonos verdes, certificados blancos, sistemas cooperativos y financiación sobre impuestos locales.
Para que algunos de los mecanismos alternativos puedan ser financieramente y legalmente viables, será necesario promover cambios legislativos a nivel estatal que permitan la atracción de fondos privados. Este sería el caso, por ejemplo, de los certificados blancos, de posibles incentivos fiscales a la rehabilitación, así como la financiación sobre impuestos locales.
Además, en el caso concreto de España, esta comisión recomienda que, además de realizar un diagnóstico de la Estrategia 2014-2020 y establecer una nueva con horizonte 2030-2050, “los esfuerzos en rehabilitación energética deberían ser coordinados dentro de una estrategia global de regeneración de edificios, entendida no solamente como rehabilitación de la envolvente térmica sino también de los sistemas de suministro energético y equipos consumidores, que integre otros conceptos como edificios inteligentes, accesibilidad, movilidad, residuos,, etc”. Y añade que la estrategia debería considerar criterios de actuación en relación con la rehabilitación de edificios y viviendas de los consumidores más vulnerables.
En España hay unos 18 millones de viviendas, el objetivo es una renovación de 1.430.000 viviendas entre 2014-2020, con inversiones previstas que alcanzan los 47.000 millones de euros.
La comisión de expertos está formada por catorce miembros, cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). La composición de este grupo de expertos es la siguiente: Luis Atienza, Cristóbal Gallego, Pedro Linares, Josep Sala y Prat, Txetxu Sáenz de Ormijana, Guillermo Ulacia, Jorge Aragón, Javier Arana, José Luis de la Fuente, Miguel Duvison, Ignacio Grangel, Oscar Lapastora, Jorge Sanz y Diego Rodríguez.
