El decreto obliga a grandes empresas y grupos empresariales a informar de aspectos sociales, diversidad, medioambientales, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción dentro del informe de gestión que acompaña a sus cuentas anuales
RSE.- El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley en Materia de Divulgación de Información no Financiera

El Consejo de Ministros ha aprobó el viernes 24 de noviembre el Real Decreto-ley en Materia de Divulgación de Información no Financiera. Este decreto transpone la Directiva sobre divulgación de información no financiera y sobre diversidad, modifica el Código de Comercio y el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas. El objetivo es aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en grandes empresas en lo relativo a cuestiones sociales, medioambientales, recursos humanos, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción. Todos ellos aspectos fundamentales de la Responsabilidad Social de las empresas. 

La información hará referencia a las medidas adoptadas para promover la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales. En lo que atañe a cuestiones medioambientales, las  empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de sus actividades en el medio ambiente, salud y seguridad, uso de la energía, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo del agua y contaminación atmosférica. 

En materia de Derechos Humanos, el estado de información no financiera deberá incluir información sobre los impactos potenciales y reales de la actividad de la empresa al respecto,  así como las disposiciones aplicadas para impedir los abusos y medidas para mitigarlos, gestionarlos y repararlos. En relación con la lucha contra la corrupción y el soborno, las empresas deberán incluir información sobre los procedimientos y recursos de control interno dedicados a prevenir estas conductas.

Estos cambios normativos afectan a empresas grandes con consideración de entidad de interés público cuyo número medio de  trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500 y que durante dos ejercicios consecutivos reúnan al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados sea superior a 250.

Para las sociedades anónimas cotizadas se exige además que incluyan, dentro del informe anual de Gobierno Corporativo, las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista aplicados en la elección de su consejo de administración; en concreto, las relativas a edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.

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